A partir de febrero de 2026, multas, derechos y diversos pagos obligatorios en el país tendrán un ajuste al alza debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un indicador clave que se utiliza como base para calcular cientos de obligaciones legales. El cambio pasará casi desapercibido para muchos ciudadanos, pero tendrá efectos directos en trámites cotidianos y sanciones administrativas.