Un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales derivó en la detención de 102 personas y el aseguramiento de 192 inmuebles en el Estado de México, como parte de una estrategia para frenar actividades de extorsión que operaban bajo distintos esquemas, entre ellos el llamado “gota a gota”.
La intervención, denominada “Operación Desconexión”, tuvo como eje central debilitar la estructura de grupos criminales dedicados a préstamos informales con cobros ilegales, así como a extorsiones telefónicas dirigidas tanto a ciudadanos como a pequeños y medianos negocios. De acuerdo con información oficial, estas redes utilizaban mecanismos de presión, amenazas e intimidación para obligar a sus víctimas a realizar pagos constantes.
Entre los inmuebles asegurados destacan 67 espacios que funcionaban como centros de llamadas clandestinos. Desde estos puntos se realizaban miles de contactos telefónicos con fines ilícitos, en los que se exigía dinero bajo distintos pretextos o se daba seguimiento a deudas adquiridas en condiciones abusivas. Este tipo de operaciones ha crecido en distintas entidades del país en los últimos años, aprovechando vacíos en la regulación y el acceso a bases de datos personales.
Las autoridades señalaron que el despliegue se llevó a cabo durante varios meses, lo que permitió ubicar patrones de operación, identificar domicilios y reunir elementos suficientes para ejecutar cateos y detenciones. En el proceso participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes realizaron intervenciones simultáneas para evitar la fuga de implicados y resguardar posibles pruebas, tanto físicas como digitales.
Aunque se informó que los procedimientos se realizaron conforme a la ley, el tamaño del operativo también pone sobre la mesa la dimensión del problema. Especialistas en seguridad han advertido que el modelo de extorsión tipo “gota a gota”, que tiene antecedentes en otros países de América Latina, ha encontrado terreno fértil en México debido a la falta de acceso a créditos formales y a la necesidad económica de amplios sectores de la población.
En este esquema, las personas reciben préstamos rápidos, pero con intereses elevados y condiciones poco claras. Cuando no pueden cubrir los pagos, comienzan las amenazas, que pueden escalar desde llamadas insistentes hasta intimidaciones directas.
Con los aseguramientos recientes, las autoridades buscan frenar la operación financiera de estas redes; sin embargo, el reto no termina con las detenciones. Las investigaciones continúan para determinar si existen conexiones con otros delitos, como lavado de dinero o delincuencia organizada.
Por ahora, los detenidos enfrentan procesos legales mientras se define su situación jurídica. En tanto, el caso abre nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer la regulación del crédito informal y mejorar los mecanismos de denuncia, ya que muchas víctimas no acuden a las autoridades por miedo o desconocimiento.
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