Ciudad de México.- A casi 16 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ex trabajadores de la extinta compañía se manifestaron este jueves frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la revisión del decreto que, en octubre de 2009, ordenó la extinción del organismo descentralizado por parte del entonces presidente Felipe Calderón.
Los manifestantes, unos 350 electricistas, pertenecientes al Frente Amplio de Unidad (FAU), solicitaron al presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar Ortiz, una audiencia para exponer las afectaciones derivadas del decreto y del fallo emitido en 2013, mediante el cual se negó a más de 40 mil trabajadores el derecho a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiera el papel de patrón sustituto.
El miércoles 6 de octubre entregaron un escrito con la petición formal, y una comisión encabezada por Oscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), fue recibida este jueves. Se acordó que este viernes el ministro Aguilar Ortiz sostendrá un encuentro directo con el grupo, que incluirá al ex dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores.
En su escrito, los trabajadores señalan que el decreto fue emitido de forma inconstitucional, ya que Calderón debió haber presentado una iniciativa ante el Congreso de la Unión, lo cual no ocurrió. Además, aseguran que la medida buscó debilitar al SME por su oposición a los proyectos de privatización del sector eléctrico.
Los ex trabajadores acusan que, en ese entonces, la SCJN avaló la decisión presidencial por presión del poder ejecutivo. También denunciaron que en enero de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Corte negó nuevamente el derecho al patrón sustituto, pese a un amparo favorable concedido al SME en septiembre de 2012 por un tribunal colegiado, el cual determinó que no existía causa de fuerza mayor para la desaparición de LyFC.
En el fallo de 2012 se ordenaba a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un nuevo laudo, anulando el dictado en julio de 2010, lo que habría obligado a la CFE a contratar a los miles de trabajadores despedidos.
Además del impacto en el empleo de decenas de miles de familias, los electricistas señalaron que la decisión afectó a más de seis millones de usuarios que eran atendidos por LyFC, y constituyó un agravio no solo al SME, sino a la sociedad mexicana en su conjunto.
En este contexto, solicitaron que la SCJN, bajo su política de “puertas abiertas”, revise la constitucionalidad del decreto de 2009 y del fallo de 2013, en busca de justicia y reparación del daño tras más de una década de lucha.
¿Quieres conocer más detalles sobre lo que sucede en Puebla? Sigue explorando nuestro portal para obtener más noticias hoy.
foto: Redes sociales
Djs
