En Caracas, Venezuela, familiares de presos políticos comenzaron el 14 de febrero de 2026 una huelga de hambre indefinida frente al centro de detención conocido como Zona 7, ubicado en el sector de Boleíta, al este de la capital. La protesta se desarrolla en medio de un clima de insistencia por lograr la liberación total de sus parientes encarcelados y la percepción de un avance lento e insuficiente en las excarcelaciones.
Los manifestantes —incluidos padres, madres e hijos— se encadenaron y se instalaron frente a las rejas de la instalación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde las horas de la mañana, anunciando que dejarían de consumir alimentos hasta que sus demandas sean escuchadas. Su principal exigencia es que las autoridades completen la liberación de las personas detenidas por razones políticas, tras lo que describen como promesas incumplidas por parte del Estado venezolano.
Excarcelaciones parciales y tensiones
El contexto de esta protesta incluye la excarcelación de 17 personas encarceladas en ese mismo centro penitenciario durante la madrugada del sábado, informó un grupo opositor que monitorea el estatus de presos políticos. Estas liberaciones ocurrieron tras semanas de presión pública y en el marco de un proceso de excarcelaciones más amplio que venía registrándose desde principios de enero de 2026.
Sin embargo, los familiares han señalado que estas acciones son “por cuentagotas” y están lejos de cumplir con lo que consideran una liberación completa. Según cifras de organizaciones de derechos humanos, persisten decenas de detenidos bajo la categoría de presos políticos en diferentes centros de detención del país.
Demandas centrales y contexto político
Los manifestantes reclaman que se cumpla con la promesa de excarcelación total de quienes permanecen detenidos por causas políticas u opositoras al gobierno. Esto se da en medio de la discusión de una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, impulsada como un instrumento legal para liberar a opositores y disidentes encarcelados por motivos políticos desde hace años.
Aunque el proceso de liberaciones se ha acelerado en algunas semanas recientes, defensores de derechos humanos y organizaciones opositoras han criticado tanto la lentitud como la falta de transparencia en el avance general de las excarcelaciones. Asimismo, el debate legislativo sobre la Ley de Amnistía se ha visto demorado en el parlamento venezolano, lo que ha añadido frustración entre los familiares.
Reacción de la sociedad y apoyo internacional
La protesta de las familias se ha viralizado en redes sociales y captado atención internacional, alimentando discusiones sobre la situación de los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela. Para muchos observadores, estos eventos reflejan tensiones persistentes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil, especialmente en un contexto político que incluye llamados a cambios estructurales y a la participación de actores externos en la negociación de reformas profundas.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta pública directa al inicio de la huelga de hambre de los familiares, aunque en días recientes ha defendido las liberaciones parciales como parte de un proceso de reconciliación nacional.
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