Un expediente judicial en Estados Unidos vuelve a colocar a Nicolás Maduro en el centro de señalamientos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Fiscales federales preparan una acusación que sería presentada ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se describe un presunto esquema de apoyo logístico a organizaciones criminales mediante el uso de documentos diplomáticos venezolanos.
Según los documentos referidos por autoridades estadounidenses, integrantes de estructuras dedicadas al envío de cocaína hacia el mercado norteamericano habrían obtenido pasaportes diplomáticos venezolanos. Este tipo de identificación oficial otorga privilegios en materia migratoria y reduce revisiones en puntos internacionales, lo que —de acuerdo con la investigación— habría facilitado desplazamientos y operaciones fuera de Venezuela.
Dentro de las indagatorias aparecen mencionadas dos organizaciones criminales mexicanas: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas agrupaciones formaban parte de rutas de distribución que conectaban Sudamérica con Estados Unidos, atravesando Centroamérica y México.
El expediente plantea que el uso de documentos oficiales no habría sido un hecho aislado, sino parte de un mecanismo más amplio para brindar cobertura a actividades ilícitas. No obstante, hasta ahora se trata de acusaciones presentadas por fiscales, las cuales deberán ser respaldadas con pruebas ante una corte federal.
El caso se encuentra en etapa procesal, por lo que aún no hay una resolución judicial. En el sistema estadounidense, la presentación de cargos formales no implica culpabilidad automática; corresponde a un juez y, en su caso, a un jurado determinar responsabilidades tras el desahogo de pruebas y argumentos de la defensa.
La referencia a organizaciones mexicanas vuelve a colocar a México en el mapa de las investigaciones sobre rutas internacionales de narcotráfico señaladas por Washington. Sin embargo, los documentos judiciales difundidos se enfocan en la presunta actuación de funcionarios venezolanos y no atribuyen responsabilidades institucionales a autoridades mexicanas.
De formalizarse la acusación, el proceso podría derivar en nuevas órdenes judiciales o solicitudes de cooperación internacional. También abriría un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.
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