Roma, Italia.- La Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias con el impulso de nuevas medidas para acelerar la deportación de personas indocumentadas, pese a que el bloque enfrenta una profunda crisis demográfica y depende cada vez más de la inmigración para frenar el declive poblacional y económico.
El pasado 26 de marzo , el Parlamento Europeo aprobó el llamado reglamento de retornos con 389 votos a favor , 206 en contra y 32 abstenciones . La propuesta establece un nuevo marco jurídico para expulsar a migrantes sin derecho de permanencia dentro de la UE y fue respaldada por una alianza entre el Partido Popular Europeo y sectores conservadores y de extrema derecha , en medio del rechazo de grupos socialistas, liberales, verdes y de izquierda, que advierten posibles violaciones a los derechos humanos .
Aunque la aprobación aún no es consenso definitivo, debido a que falta el Parlamento Europeo , la Comisión Europea y el Consejo de la UE , se prevé que las negociaciones concluyan pronto, ya que a mediados de junio entrará en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo , del cual este reglamento representa una pieza central.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la creación de los llamados centros de deportación o return hubs , espacios a los que serían enviados migrantes con orden de retorno y que podrían ubicarse en países terceros , incluso fuera de Europa. La medida retoma una de las propuestas emblemáticas del gobierno italiano de Giorgia Meloni , quien había intentado instalar este tipo de centros en Albania .
El nuevo ordenamiento privilegiado la repatriación coercitiva por encima de la voluntaria y busca facilitar la devolución de personas a sus países de origen o a un tercer país. Además, contempla penas de hasta 24 meses de detención para quienes no cooperen con su expulsión, aunque excluye de estos internamientos a menores no acompañados .
Tras la votación, distintas voces del bloque progresista acusaron al PPE de romper el llamado cordón sanitario al pactar con partidos de extrema derecha. Eurodiputados y organizaciones civiles advirtieron que el reglamento abre la puerta a una política de detenciones masivas, separación de familias y expulsiones, además de replicar modelos similares a los aplicados en Estados Unidos por el ICE .
Este endurecimiento ocurre en un momento en que la propia Eurostat ha advertido sobre una crisis demográfica estructural en la UE. En enero de 2024 , el bloque tenía 449 millones de habitantes , con un crecimiento de apenas 0,4 por ciento , impulsado en gran medida por la recuperación de los flujos migratorios tras la pandemia y por la llegada de refugiados ucranianos . Sin ese aporte externo, la población comunitaria ya estaría en retroceso, pues desde 2012 el saldo natural es negativo.
Las cifras reflejan además un envejecimiento acelerado . La proporción de personas mayores de 80 años pasó de 3,8 por ciento en 2004 a 6,1 por ciento en 2024, mientras que la población menor de 15 años descendió de 16,2 a 14,6 por ciento . La edad media en la UE se ubica en 44,7 años , y en Italia alcanza los 48,7 , la más alta del continente.
A ello se suma que la tasa de fecundidad comunitaria cayó a 1,38 hijos por mujer , por debajo del nivel de reemplazo generacional. Aunque en 2023 casi seis millones de personas llegaron a algún país de la UE, los especialistas sostienen que la inmigración sigue siendo la única herramienta capaz de compensar la caída poblacional. De mantenerse la tendencia actual, la población europea se reduciría a 419 millones en 2100 , pero sin inmigración podría desplomarse hasta 295 millones .
Expertos advierten que un escenario de menor inmigración agravaría el estancamiento económico , reduciría la población activa y elevaría la presión sobre el gasto en pensiones , salud y atención a los adultos mayores, en una contradicción cada vez más evidente entre la agenda restrictiva y las necesidades estructurales del continente.
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Foto: Especial
Djs
