A más de 15 años de que estallara el fraude inmobiliario de las empresas SITMA e Invergroup, los afectados solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) un registro detallado de los inmuebles asegurados a los responsables, con el fin de asegurar el pago mediante sentencias judiciales.
La petición surge tras la cancelación de un careo programado en el Juzgado Primero de lo Penal entre 60 víctimas y Edmundo Tiro Moranchel, uno de los principales operadores del esquema.
Aunque el propio imputado solicitó la diligencia desde un centro penitenciario en Coahuila, finalmente se desistió de participar.
Las empresas SITMA e Invergroup captaron ahorros de miles de ciudadanos bajo la promesa de inversiones inmobiliarias con tasas de rendimiento superiores a las del mercado bancario.
No obstante, el modelo de negocio resultó insostenible, dejando a miles de familias sin su patrimonio tras el cese de operaciones y la posterior detención de los hermanos Tiro Moranchel.
Los defraudados señalaron que los procesados han intentado negociar su libertad a cambio de la promesa de vender bienes para restituir el dinero; no obstante, los afectados rechazan esta vía.
Su exigencia se centra en que la autoridad verifique y registre formalmente los activos incautados para que estos puedan ser ejecutados una vez que se dicten las sentencias correspondientes.
Hasta el momento, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva que garantice la devolución total de los recursos a las víctimas, quienes mantienen la presión legal para evitar que el caso quede impune.
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