La solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , abrió un nuevo frente de tensión entre México y Estados Unidos, en medio de señalamientos sobre un presunto “doble estándar” del gobierno de Claudia Sheinbaum en torno al respeto al debido proceso y la presunción de inocencia .
Stephanie Brewer , directora para México de la Oficina de Washington para América Latina , WOLA, advirtió que una eventual operación unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano para capturar a Rocha Moya representaría un hecho de extrema gravedad y tendría capacidad para fracturar la relación bilateral . En entrevista con Proceso, el especialista en justicia, derechos humanos y Estado de derecho sostuvo que las amenazas del gobierno de Donald Trump sobre una posible acción militar directa contra el narcotráfico en México resultan ahora más creíbles y preocupantes que en otros momentos.
La inquietud, explicó Brewer, se acentúa porque Washington no sólo pidió a México la extradición de Rocha Moya y de otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos , del Cártel de Sinaloa , sino que además los coloca bajo un marco en el que ese grupo criminal y otros cárteles mexicanos han sido señalados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump. Bajo esa lógica, señaló, la legislación estadunidense podría facilitar acciones militares directas contra personas consideradas narcotraficantes.
De acuerdo con el representante de WOLA, el riesgo aumenta si se deteriora la cooperación en seguridad y si persiste el desencuentro actual entre ambos gobiernos. Aun así, subrayó que una incursión militar para capturar a Rocha Moya o a otros funcionarios reclamados por Estados Unidos implicaría cruzar una línea que rompería la relación entre los dos países.
Brewer demostró que Trump se ha mantenido frente a México una dinámica basada en exigencias, presión y amenazas. Según su lectura, aunque el gobierno mexicano responde a determinados reclamos, la presión no disminuye, sino que se renueva con nuevas demandas. En este momento, apuntó, la exigencia central consiste en detener a Rocha Moya y a otros funcionarios en activo con multas de extradición.
El especialista advirtió que el margen de presión de Washington no se limita a una posible intervención militar . En su opinión, la coyuntura también puede impactar el terreno comercial, especialmente por la renegociación del T-MEC . A ello se suman presiones diplomáticas, como la revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos y la eventual clausura de algunos de ellos, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado.
Frente al caso Rocha Moya, Brewer sostuvo que una prioridad del gobierno de Sheinbaum tendría que ser romper los vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, incluidos los que pudieran involucrar a Morena . Señaló que, si bien en México existe un amplio rechazo a que las decisiones nacionales se dictan desde la agenda de otro país, también persiste una pregunta de fondo: por qué el combate a la alianza entre autoridades y crimen organizado no aparece como eje central de la actuación gubernamental.
Para el analista, el asunto no se reduce a un problema de soberanía , como ha insistido Sheinbaum, sino que también involucra la arbitrariedad de Estados Unidos y la falta de una estrategia para atender el fondo del fenómeno criminal. Incluso si Rocha Moya fuera extraditado, dijo, eso no modificaría por sí misma la forma en que opera el crimen organizado en México.
Brewer afirmó que el poder de los grupos criminales en el país no deriva únicamente de las armas, sino también de la colusión , la tolerancia y los nexos con autoridades en distintos niveles, en particular en el ámbito municipal y estatal. Por ello, se demostró indispensable que cualquier gobierno, sea de Morena o de otros partidos, coloque como prioridad la ruptura de esas redes de protección.
La presidenta Sheinbaum ha exigido a Estados Unidos pruebas contundentes sobre la presunta relación entre Rocha Moya y Los Chapitos. Sin embargo, Brewer señaló que no resulta sorpresivo escuchar acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios estatales y actores criminales, pues se trata de señalamientos reiterados en el contexto mexicano.
La directora de WOLA cuestionó que la mandataria haya defendido con firmeza el debido proceso y la presunción de inocencia en el caso del gobernador con licencia, mientras que en otros episodios esos mismos principios no habrían recibido el mismo trato. En particular, preguntó dónde quedó el debido proceso para más de 90 mexicanos entregados a Estados Unidos entre 2025 y 2026 sin pasar por un procedimiento formal de extradición.
También señaló el caso de decenas de millas de personas sujetas a prisión preventiva oficiosa en México. A su juicio, el debido proceso y el Estado de derecho tendrían que ser criterios aplicables en todos los casos, no sólo cuando se trata de personajes con poder político o cercanos al partido gobernante.
Brewer describió esa diferencia de trato como un doble estándar especialmente grave. Comparó la defensa de figuras de alto perfil con la situación cotidiana de millas de personas privadas de la libertad bajo prisión preventiva oficiosa, así como con la de mexicanos enviados a Estados Unidos fuera del mecanismo de extradición. Desde la perspectiva de WOLA, tanto la prisión preventiva oficiosa como el incumplimiento del debido proceso son prácticas violatorias de derechos humanos.
El caso, agregó, coloca a Sheinbaum ante una disyuntiva política de alto costo. Si no entrega a Rocha Moya a la justicia estadunidense, podría aumentar la tensión con Trump, quien ha advertido que si México y otros países no actúan contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará. Además, el fiscal general interino estadunidense, Todd Blanche , anticipó nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles.
Brewer señaló que una negativa a la extradición podría afectar distintos ámbitos de la relación bilateral, incluido el proceso de renegociación del T-MEC, considerado crucial para México. Si Sheinbaum defiende a Rocha Moya y la Fiscalía General de la República , FGR, determina que no hay pruebas en su contra, estimó, el acuerdo comercial podría resentir las consecuencias mientras se mantiene la amenaza de una acción militar estadunidense.
Pero una eventual extradición también implicaría un costo político para la presidenta, pues supondría reconocer que un gobierno estatal de Morena habría protegido a un cártel poderoso. En cualquiera de los escenarios, sostuvo Brewer, Sheinbaum enfrentaría críticas: ya sea por ceder ante Washington y vulnerar la soberanía, o por encubrir a un presunto criminal con criterios partidistas en lugar de criterios de seguridad.
El especialista pareció más probable una intervención estadunidense contra laboratorios de drogas o líderes del narcotráfico que contra funcionarios requeridos en extradición. No obstante, insistió en que un operativo dirigido contra una autoridad mexicana marcaría un punto de ruptura en la relación bilateral.
No te pierdas ninguna actualización importante. Explora nuestro portal para seguir informado sobre las últimas noticias en Puebla.
Foto Especial
Djs
