Washington, Estados Unidos.– El Congreso de Estados Unidos enfrenta una nueva sacudida política por casos de presunta conducta sexual inapropiada, en un contexto que ha reactivado el debate sobre el movimiento #MeToo y la persistente cultura del silencio dentro del Capitolio.
La renuncia de dos congresistas, el republicano Tony Gonzales y el demócrata Eric Swalwell , ambos rodeados por acusación de conducta sexual inapropiada, volvió a colocar el tema en el centro de la discusión institucional. Los señalamientos, que impactaron al Congreso en abril, reabrieron una problemática que parecía haber perdido fuerza casi una década después de que el #MeToo transformara la manera de abordar los casos de acoso y abuso sexual en distintos países.
Swalwell ha negado las acusaciones de agresión sexual en su contra, mientras que Gonzales reconoció haber sostenido una relación con una subordinada que posteriormente se suicidó. Estos episodios han intensificado el debate sobre la capacidad del Congreso para responder con rapidez, transparencia y firmeza ante denuncias que involucran a legisladores.
A los casos de Gonzales y Swalwell se suma una nueva investigación del Comité de Ética contra el republicano Chuck Edwards , luego de que el organismo informara esta semana que indaga si el congresista pudo haber creado o fomentado un ambiente laboral hostil y si incurrió en acoso sexual.
El representante demócrata Ro Khanna consideró que la respuesta reciente en el Capitolio ante el caso de Swalwell, así como el respaldo bipartidista a la rendición de cuentas, podrían indicar un cambio en la cultura institucional frente a los abusos. Afirmó que debe prevalecer una política de tolerancia cero contra el acoso y sostuvo que las personas en posiciones de poder no deben actuar bajo reglas distintas.
Khanna también subrayó la necesidad de mantener la presión pública para garantizar transparencia y rendición de cuentas en las investigaciones. A su juicio, los últimos acontecimientos podrían alentar a más víctimas a denunciar, después de años en los que muchas personas evitaron hablar por miedo a represalias.
El legislador demócrata, quien fue uno de los impulsores de la ley que obligó a divulgar documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, reconoció que aún falta mucho por corregir. No obstante, valoró las acciones recientes como un pequeño avance dentro de un problema de larga data.
Aunque la primera ola del #MeToo marcó un punto de inflexión en el tratamiento público de los casos de acoso y abuso, y derivó en la reforma de la Ley de Responsabilidad del Congreso en 2018, las denuncias recientes muestran que la cultura del silencio no desapareció por completo en el Capitolio.
Un estudio de la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres señala que hasta 30 integrantes del Congreso han sido acusados de acoso sexual en el lugar de trabajo durante los últimos 20 años. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, debido a que pocos casos llegan a denunciarse públicamente.
Las críticas por la lentitud de las investigaciones y la falta de transparencia han cobrado fuerza tras los escándalos más recientes. Ese clima ha reavivado el espíritu de la campaña #MeToo y ha llevado a legisladores de ambos partidos a plantear cambios en los mecanismos internos del Congreso.
Esta semana se anunció una alianza bipartidista entre el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson , y el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries , para reformar y agilizar la forma en que la institución atiende este tipo de denuncias. La iniciativa confirma que el tema ha dejado de ser visto como una serie de casos aislados y se reconoce ya como un problema institucional.
El movimiento #MeToo recibió en 2017 el reconocimiento de Persona del Año por la revista Time y contribuyó a que un número récord de mujeres compitiera por cargos públicos en las elecciones de medio mandato de 2018. Ahora, casi una década después, el Congreso estadounidense vuelve a enfrentar una prueba decisiva sobre hasta dónde está dispuesto a transformar sus prácticas internas frente al acoso, los abusos de poder y la exigencia de rendición de cuentas.
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