En el seno de la Comisión de Gobernación del Congreso, el diputado Julio Huerta Gómez admitió que la actual legislación presenta barreras para revisar a fondo a quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular, especialmente en lo relativo a su historial legal. La discusión, que ha cobrado relevancia tras el anuncio de su partido sobre endurecer criterios de selección interna, toca un punto sensible: ¿cómo garantizar que los candidatos realmente representen a la ciudadanía?
Durante una sesión reciente, el legislador señaló que los institutos políticos deben asumir una responsabilidad más seria sobre las personas que postulan. “Muchas veces se privilegia el interés por alcanzar cargos antes que evaluar si existe un compromiso real con la población”, afirmó, con lo que puso en evidencia un malestar compartido por diversos actores políticos y sociales.
Límites normativos y presunción de inocencia
Uno de los principales retos, según Huerta Gómez, es el manejo de las constancias de no antecedentes penales, documentos que solo se expiden cuando hay una resolución definitiva por parte de un juez. Este requisito, que para algunos es una herramienta valiosa de filtro, presenta complicaciones prácticas en un sistema penal donde los procesos pueden prolongarse durante años.
El diputado insistió en que no puede negarse el derecho a participar en procesos electorales a personas que enfrentan acusaciones sin sentencia firme, debido al principio constitucional de presunción de inocencia. Esta postura pone en la mesa una tensión entre la necesidad de depurar candidaturas y los derechos fundamentales de quienes aspiran a cargos públicos.
Reformas legales en puerta
A raíz de recientes pronunciamientos de dirigentes partidistas para elevar los requisitos de selección, la discusión ha derivado en la necesidad de ajustes legales. Huerta Gómez reconoció que solo con cambios en normas como la Ley Orgánica Municipal se podrán delimitar con mayor claridad las causas de inelegibilidad.
Históricamente, esta ley contenía restricciones para quienes hubieran enfrentado procesos penales, incluso en casos en los que ya hubieran cumplido sanciones. Sin embargo, con la implementación del actual Sistema Penal Acusatorio, esas disposiciones dejaron de tener efecto, lo que obliga a revisar cómo se articulan los requisitos de participación con las garantías procesales.
Evaluación interna: más allá de los formularios
El diputado subrayó que más allá de los requisitos formales, los partidos políticos deben fortalecer sus mecanismos internos de evaluación. Esto implica utilizar herramientas humanas y técnicas que permitan conocer de manera profunda los perfiles que se impulsen, y no solo “cubrir casillas”, como suele ocurrir en procesos de selección poco rigurosos.
Especialistas en derecho electoral consultados por este medio coinciden en que, sin procedimientos internos más robustos, cualquier reforma legal podría quedar en letra muerta. “La ley pone los límites, pero la cultura interna de los partidos define si esos límites se respetan de verdad”, comenta un investigador en políticas públicas.
Seguridad municipal en la mira del Congreso
En otro punto de su intervención, Julio Huerta Gómez destacó que desde el Congreso se ha puesto atención al tema de la seguridad en los municipios. Aunque no abundó en detalles, mencionó que es prioritario que las autoridades locales actúen “con apego a la ley”, y que se han generado intervenciones legislativas cuando la situación lo ha requerido.
Un ejemplo citado fue la participación del Poder Legislativo en la designación de concejos municipales en algunas localidades, un proceso que generó debate sobre la autonomía municipal y la responsabilidad del Estado en garantizar orden y legalidad.
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