El Colectivo Voz de los Desaparecidos, a través de su fundadora María Luisa Núñez Barojas, denunció una serie de ataques y actos de hostigamiento presuntamente perpetrados por agentes del Ministerio Público.
Según la activista, estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a fragmentar la organización civil de las familias que buscan a sus parientes en la entidad.
Durante una movilización frente a instancias judiciales, Núñez Barojas señaló que el trato por parte de las autoridades ha transitado de la indiferencia a la agresión directa.
“Hoy los ataques son ataques que vienen por parte de los mismos agentes del Ministerio Público, de la misma Fiscalía Especializada”, precisó.
Detalló que estas conductas no son incidentales, sino que responden a una planeación por parte de los servidores públicos para restar fuerza al movimiento.
Al respecto, afirmó que la autoridad actúa “de manera estratégica, de manera además cobarde, intentando desarticular al colectivo”, con el objetivo primordial de impedir que nuevos familiares se sumen a las agrupaciones civiles de búsqueda.
En su declaración, la activista identificó con nombre y apellido a diversos funcionarios a quienes atribuye este hostigamiento.
Entre los señalados se encuentran María Luisa del Pilar Aparicio Solano y Salvador Moctezuma Muñoz, además de Elodia Francisco Sotero, de quien refirió una postura de confrontación personal al señalar que “me considera a mí su enemiga número uno dentro de la Fiscalía”.
Enfatizó que el nivel de confrontación ha escalado a un punto donde la integridad de las buscadoras se percibe comprometida por quienes deberían garantizar la justicia.
“De este tamaño es la amenaza que tenemos”, advirtió.
Fue enfática al describir el estado emocional y de seguridad en el que se encuentran las integrantes del colectivo tras estos incidentes.
“Claro que sí, nos sentimos vulnerables, no nos sentimos inseguras: estamos inseguras, estamos amenazadas”, sentenció.
El colectivo sostiene que esta política de intimidación busca que las familias abandonen el acompañamiento de las organizaciones civiles para quedar bajo el control exclusivo de la institución.
Esta situación, según los testimonios, debilita el escrutinio público sobre las omisiones o retrasos en la localización de personas desaparecidas que el colectivo suele denunciar.
Finalmente, la organización hizo un llamado a las instancias de derechos humanos para observar el actuar de la Fiscalía de Puebla.
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Foto: Especial
AV
