La deuda pública de México alcanzó niveles históricos al superar los 18 billones de pesos, según el más reciente informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Esto significa que, si se dividiera entre todos los mexicanos, cada persona tendría una “cuenta pendiente” de alrededor de 153 mil pesos.
El informe revela que entre enero y octubre de 2025, la deuda creció 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en más de un billón de pesos adicionales. Esta cifra representa un aumento significativo en menos de un año y mantiene la tendencia al alza registrada durante los últimos ejercicios fiscales.
Expertos en economía alertan que gran parte del incremento se debe a las obligaciones financieras del gobierno con empresas estatales, principalmente Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambas instituciones, históricamente con finanzas vulnerables, han requerido apoyo financiero constante, lo que ha tensionado las arcas públicas.
Analistas señalan que, si esta trayectoria se mantiene, la deuda podría superar los 20 billones de pesos en 2026. Esto no solo representa un desafío para el presupuesto federal, sino que también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de la política fiscal y el margen de maniobra del gobierno para atender otras prioridades como educación, salud e infraestructura.
El aumento de la deuda ocurre en un contexto económico complicado, con presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas y la necesidad de mantener programas sociales. Aunque Hacienda asegura que la deuda se mantiene dentro de niveles manejables, los especialistas advierten que la rapidez del incremento y su concentración en deuda con empresas estatales genera riesgos a mediano plazo.
Algunos economistas recomiendan mayor transparencia en la forma en que se administra la deuda y en los proyectos financiados con ella. “Es importante que la ciudadanía pueda seguir de cerca cómo y en qué se gasta cada peso, para evitar que la deuda se convierta en una carga insostenible para las futuras generaciones”, señala un investigador del Instituto Nacional de Administración Pública.
El gobierno mexicano enfrenta así un doble reto: mantener el financiamiento para Pemex y CFE sin comprometer la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, generar confianza entre inversionistas y ciudadanos sobre el manejo responsable de los recursos públicos. La presión sobre el presupuesto y la incertidumbre sobre la deuda futura vuelven cada vez más relevante el debate sobre las estrategias financieras y la prioridad de gastos del Estado.
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