La extorsión continúa siendo uno de los delitos más graves y menos denunciados en México, generando pérdidas económicas que superan los 21 mil millones de pesos para el sector empresarial en lo que va de 2025, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Aunque las cifras oficiales muestran una aparente disminución en los reportes, el organismo patronal subrayó que esto no representa una mejora real, sino una consecuencia directa del miedo y la desconfianza que impiden a las víctimas denunciar.
El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, Jorge Peñuñuri, explicó que este delito se mantiene fuera de control y que las pérdidas económicas aumentan cada año.
“El delito que no ha sido contenido y que reconoce el gobierno federal es la extorsión. En lo que va del año van más de siete mil carpetas de investigación, pero las pérdidas superan los 21 mil millones de pesos”, señaló.
El empresario advirtió que la cifra negra —delitos cometidos pero no denunciados— en el caso de la extorsión alcanza hasta 96.7%, lo que significa que apenas una mínima parte de los casos llega a registrarse oficialmente.
Entre las razones más comunes para no denunciar destacan el temor a represalias, la desconfianza en el Ministerio Público y la mala clasificación de los delitos, que en ocasiones se registran como abuso de confianza u otros ilícitos menores.
Un golpe directo a las empresas mexicanas
De acuerdo con Coparmex, la extorsión se ha convertido en una fuente de financiamiento para el crimen organizado, afectando desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones, transportistas y proveedores del gobierno.
En 2023, las pérdidas alcanzaron 24 mil millones de pesos, y la tendencia de este año apunta a una cifra similar o mayor, pese a los registros oficiales.
“Mientras la gente tenga miedo o no confíe en la autoridad, la extorsión seguirá avanzando y cobrando vidas, empleos y empresas”, subrayó Peñuñuri.
Ley General de Extorsión, la apuesta del gobierno federal
El dirigente mencionó que existe consenso político para aprobar la Ley General de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La iniciativa, que podría entrar en vigor en los próximos seis meses, busca homologar sanciones y fortalecer la protección a las víctimas, con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar investigaciones más eficaces.
“Si no se ataca la extorsión, no hay inversión, no hay empleo y no hay paz”, advirtió el representante empresarial.
Según Coparmex, un empresario mexicano destina en promedio 30 mil pesos anuales a medidas de seguridad, que incluyen la instalación de cámaras, contratación de vigilantes o blindaje de vehículos.
Por su parte, Armando Zúñiga, vicepresidente de Comunicación de Coparmex, señaló que en el transporte de mercancías el gasto en seguridad equivale hasta al 10% del valor del producto transportado, especialmente en sectores como textiles, abarrotes, metales y autopartes.
Además, el 12% de la inversión nacional y extranjera prevista para México podría cancelarse a causa del clima de inseguridad, lo que impactaría directamente en el crecimiento económico y la generación de empleo.
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