La nueva política financiera impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación entre comunidades migrantes y especialistas económicos debido a los posibles efectos sobre el envío de remesas hacia México, particularmente en estados con alta dependencia de estos recursos como Puebla.
La orden ejecutiva, denominada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, plantea un endurecimiento en la supervisión de movimientos financieros considerados de riesgo. Entre las operaciones que estarán bajo mayor vigilancia se encuentran las transferencias frecuentes de montos pequeños, depósitos fraccionados y transacciones realizadas mediante el ITIN, documento fiscal utilizado por extranjeros en Estados Unidos, incluidos miles de trabajadores migrantes.
Aunque la medida no contempla la suspensión de remesas, sí permite que instituciones bancarias y plataformas financieras soliciten más información a los usuarios antes de autorizar movimientos internacionales. Esto podría traducirse en retrasos, bloqueos temporales de cuentas o mayores requisitos para quienes envían dinero a sus familias desde territorio estadounidense.
La preocupación creció en entidades como Puebla, donde una parte importante de la economía familiar depende de los recursos enviados desde el extranjero. De acuerdo con cifras del Banco de México, durante 2025 el estado recibió más de 3 mil 425 millones de dólares en remesas, principalmente provenientes de migrantes radicados en Estados Unidos.
Tan solo durante el primer trimestre de 2026, Puebla captó alrededor de 820 millones de dólares, aunque especialistas ya advertían una disminución progresiva en el flujo de dinero enviado desde el exterior.
Regiones como la Mixteca poblana, la Sierra Norte y municipios cercanos a Atlixco figuran entre las zonas donde las remesas representan uno de los principales ingresos para miles de familias. Estos recursos suelen destinarse a la compra de alimentos, pago de servicios, educación, atención médica y construcción de vivienda.
Economistas consideran que un incremento en los controles financieros podría impactar directamente el consumo local y la estabilidad económica de hogares que dependen parcialmente del dinero enviado desde Estados Unidos. Además, advierten que algunos migrantes podrían optar por métodos informales para mandar recursos, lo que elevaría riesgos de fraude o pérdida de dinero.
La administración estadounidense argumentó que el objetivo de las nuevas disposiciones es reforzar el combate contra el lavado de dinero, el tráfico de drogas y operaciones vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, organizaciones migrantes han señalado que las medidas también podrían afectar a trabajadores que realizan transferencias legales y constantes hacia México.
El panorama genera inquietud debido a que las remesas ya mostraron señales de desaceleración durante el último año. Datos oficiales indican que México recibió cerca de 61 mil 791 millones de dólares en 2025, cifra que representó una caída de 4.6 por ciento respecto al año anterior, rompiendo así una tendencia de crecimiento sostenido registrada durante más de una década.
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