Una iniciativa de reforma constitucional plantea establecer un límite a las pensiones de trabajadores de confianza en organismos públicos federales. De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el ajuste podría generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos al año, recursos que se destinarían principalmente a programas educativos.
La propuesta busca modificar el artículo 127 de la Constitución para fijar un tope equivalente al 50% del salario presidencial, lo que representaría alrededor de 70 mil pesos mensuales como máximo para las pensiones de exfuncionarios de alto nivel. El planteamiento se enfoca en personal de confianza y no aplicaría a trabajadores sindicalizados ni a quienes estén bajo contratos colectivos.
El ajuste abarcaría entidades como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos de la banca de desarrollo, entre ellos Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Según datos oficiales, en algunas de estas instituciones existen pensiones que superan el salario neto presidencial. Tan solo en la CFE se reportan más de 54 mil jubilados del régimen de confianza, con pagos anuales cercanos a 49 mil 950 millones de pesos. En Pemex, más de 22 mil jubilados de confianza representan un gasto anual superior a 22 mil millones de pesos. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, actualmente en proceso de liquidación, se contabilizan miles de extrabajadores con pensiones que, en algunos casos, rebasan los 100 mil pesos mensuales.
El abogado laboralista Luis Ignacio López Rodríguez señaló que los trabajadores de confianza son aquellos que desempeñan funciones de dirección, administración o representación del patrón. Aunque se trata de mandos medios y superiores, recordó que muchos cuentan con esquemas de retiro previamente establecidos.
Desde el punto de vista jurídico, el especialista advirtió que varias de estas pensiones podrían considerarse derechos adquiridos, al haber sido otorgadas conforme a las reglas vigentes en su momento. En ese escenario, explicó, la vía legal para impugnar una eventual reducción sería el juicio de amparo, proceso que podría extenderse por varios años dependiendo de la carga en los tribunales.
El Gobierno federal ha señalado que el ajuste aplicaría hacia adelante y que no tendría efectos retroactivos sobre pensiones ya reconocidas. No obstante, el alcance real de la reforma dependerá de la redacción final que discuta el Congreso y de la interpretación que, en su caso, realice el Poder Judicial.
En cuanto al destino del ahorro estimado, se ha mencionado la posibilidad de ampliar la cobertura en Educación Media Superior, con la creación de nuevos espacios y planteles. También se ha comparado el monto con presupuestos de instituciones como la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, cuyos recursos anuales se aproximan a la cifra proyectada.
La iniciativa será enviada al Congreso para su análisis y eventual votación.
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