La Canacintra y la Coparmex alertaron sobre los riesgos que representa la reforma a la Ley de Amparo, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada en el Senado. De acuerdo con ambas cámaras empresariales, las modificaciones podrían frenar la llegada de inversión, limitar la competitividad y afectar la creación de empleos en México.
El sector privado subrayó que el juicio de amparo ha funcionado históricamente como una herramienta de protección frente a decisiones gubernamentales que impactan la actividad productiva. No obstante, los cambios propuestos contemplan restricciones en figuras clave como el interés legítimo, la suspensión provisional y la posibilidad de ampliar demandas, lo que a su juicio debilita la defensa jurídica de empresas y ciudadanos.
Entre los puntos más delicados, los empresarios mencionaron la restricción de la suspensión inmediata de actos reclamados. Esta limitación, dijeron, deja vulnerables a compañías que enfrenten medidas como el bloqueo de cuentas bancarias, la cancelación de concesiones o la intervención de telecomunicaciones, escenarios que pueden paralizar operaciones enteras antes de que un juez resuelva el fondo del caso.
Otro de los temas señalados es la redefinición del interés legítimo, que ahora exigiría acreditar una “lesión real y diferenciada”. Según Coparmex, este cambio excluiría a comunidades y organizaciones de interponer amparos colectivos, por ejemplo, en casos relacionados con la protección ambiental o la defensa de consumidores. También criticaron la posibilidad de que autoridades evadan el cumplimiento de sentencias si alegan una “imposibilidad jurídica o material”, lo que consideran mina la eficacia de las resoluciones judiciales.
En materia fiscal y financiera, Canacintra advirtió que la reforma reduce opciones de defensa frente a procedimientos de ejecución y limita las garantías para créditos, al aceptar únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito. Esta disposición, señalaron, deja en desventaja a las MiPyMEs que dependen de otros activos como inmuebles o negocios en marcha. Ante este panorama, ambos organismos hicieron un llamado al Congreso para abrir un Parlamento Abierto y revisar los cambios antes de su aprobación definitiva.
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