La organización filantrópica Fundación Mary Street Jenkins, con sede en Puebla, se encuentra nuevamente bajo escrutinio público luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso ante presuntos indicios de fraude fiscal, desvío de recursos y lavado de dinero.
Durante la conferencia conocida como la “Mañanera del Pueblo”, una periodista expuso que el fideicomiso de la fundación habría acumulado un patrimonio de hasta 14 mil millones de pesos, recursos que presuntamente fueron trasladados a otros fideicomisos e incluso a paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
Al ser cuestionada sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la UIF podrían intervenir para esclarecer el posible fraude, la mandataria respondió con firmeza: “Sí, por supuesto. Pedimos a la UIF que lo revise.”
De acuerdo con la información presentada, existen documentos que muestran transferencias internacionales y movimientos financieros que habrían violado el propósito original del fideicomiso, el cual fue creado con fines de beneficencia pública en el estado de Puebla.
La periodista señaló además que el gobernador Alejandro Armenta Mier ordenó analizar la posibilidad de presentar denuncias para recuperar los fondos desviados, lo que sumaría esfuerzos locales al proceso federal.
Cabe recordar que la Fundación Mary Street Jenkins fue tema de litigio durante años, tras los conflictos legales con el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, aunque la fundación logró ganar judicialmente todos los juicios en ese momento.
La instrucción de la presidenta Sheinbaum Pardo se suma a investigaciones previas por parte del gobierno estatal y de la Contraloría Interna, que ya analizaban presuntas irregularidades dentro del fideicomiso.
El gobierno de Puebla ha señalado que el caso se encuentra “en seguimiento jurídico”, mientras que la intervención de la UIF buscará determinar si existieron triangulaciones financieras, evasión de impuestos o uso de paraísos fiscales.
En total, las autoridades estiman que el monto podría alcanzar más de 14 mil millones de pesos en activos, entre bienes inmuebles, cuentas bancarias y recursos que salieron del país sin justificación clara.
El caso también involucra a integrantes de la familia Jenkins de Landa, sobre quienes existieron órdenes de aprehensión en el pasado relacionadas con el presunto desfalco de la fundación y el conflicto por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución vinculada históricamente al fideicomiso.
Con la revisión de la UIF, se espera que el gobierno federal pueda identificar el destino final de los recursos y, en su caso, recuperar parte del patrimonio originalmente destinado a beneficencia.
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