Quien fuera tres décadas atrás director del DIF estatal, Pierre Antuan Gilly Díaz, hace unos días ha sido designado como nuevo secretario técnico del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla. Un nombramiento que ha generado mucho “ruido” dentro del Poder Judicial (PJ), pues para muchos es una muestra clara de que el PJ está viviendo una fuerte crisis institucional.
Se dice que la nominación de Gilly Díaz tiene un propósito central: arreglar el desastre que domina en el Consejo de la Judicatura bajo la tutela de Pedro Antonio Martínez Hernández, quien lleva cuatro meses en el cargo y da muestras claras de un alto grado de impericia para manejar y controlar este poder público.
Pierre Antuan Gilly, antes de ser nombrado funcionario judicial, se había desempeñado en el sexenio del presidente Andrés López Obrador como gerente de Desarrollo Social de la Comisión Federal de Electricidad. Hace tres décadas, fue el director del Sistema DIF estatal. En ambas responsabilidades estuvo bajo la tutela del ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz.
Ahora su designación en el PJ llama la atención por una razón elemental: Gilly es un experimentado político que no es parte del círculo de colaboradores de Pedro Antonio Martínez y eso es lo que ha generado la especulación de que su designación es un intento de poner orden en el Consejo de la Judicatura.
Incluso entre jueces y magistrados se ha expendido la versión de que la llegada de Gilly no solamente es un signo de debilidad de Pedro Antonio Martínez Hernández, sino es un reflejo de que este personaje se estaría “tambaleando” en la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo que le asignaron el 13 de noviembre de 2025.
No suena descabellada la posibilidad de que pudiera producirse “la caída” del hombre que encabeza el PJ, si se toma en cuenta que desde la creación del Consejo de la Judicatura ningún presidente ha logrado sobrevivir más allá de la mitad del periodo para el cual fue nombrado.
Por esa responsabilidad ya pasaron Héctor Sánchez Sánchez, Carlos Palafox Galeana y José Eduardo Hernández Sánchez, quienes se fueron por “la puerta de atrás” del Consejo de la Judicatura, mucho antes de concluir sus mandatos. Los dos primeros incluso acabaron fuera del Poder judicial.
Ahora Pedro Antonio Martínez está dando “pasos firmes” para acabar de la misma manera que sus tres antecesores, si es que no corrige el rumbo.
Inicialmente arrancó su gestión sin la debida legitimidad y muy cuestionado por no tener la edad mínima, los años de experiencia y la formación académica que se le exige a un aspirante a magistrado.
Posteriormente su debilidad se ha ido acrecentado por una acumulación de yerros.
Estos son dos ejemplos del desastre que ha provocado:
Primero: se tomó la fatal decisión de desaparecer 90 juzgados municipales, por supuestas razones de orden presupuestal y la dificultad para nombrar a los responsables de esas instancias, bajo las nuevas reglas que ha impuesto la reforma judicial.
El problema es que, de un día para otro, los miles de expedientes de los jugados municipales fueron enviados, o mejor dicho reasignados, a cada uno de los juzgados de cada distrito judicial. Eso ha significado un caos total.
Hay juzgados de distrito en donde los expedientes en cuestión están arrumbados en el suelo, porque no hay espacio donde colocarlos en orden y lo más importante, no hay suficiente personal, recursos materiales y tiempo para atender esa nueva carga de trabajo.
El Consejo de la Judicatura es la hora que no ha definido estrategias claras y precisas para resolver cómo se va a atender esos miles de casos que eran llevados por los juzgados municipales.
Eso significa una parálisis de una parte fundamental del aparato de impartición de justicia en la entidad poblana.
Segundo: el equipo de funcionarios que llegaron “de la mano” de Pedro Antonio Martínez al Consejo de la Judicatura tienen como principales características que, son muy jóvenes, lo cual no tiene nada de malo, pero si es grave que no cuentan con la experiencia mínima en los quehaceres del ámbito judicial.
No fueron designados auxiliares de un juzgado, sino llegaron a ocupar responsabilidades en el órgano rector de todo el Poder Judicial, en donde se tiene que garantizar la institucionalidad del PJ, el correcto manejo administrativo y cuidar la disciplina que debe privar en cada una de las instancias del aparato de justicia.
Una muestra de esa situación es la siguiente: Alejandra Torija García es titular de la Dirección de Seguimiento de la Secretaría Técnica del Consejo de la Judicatura, lo cual significa una responsabilidad mayúscula pues de ella depende –en mucho– que se cumplan los acuerdos en el órgano rector del Poder Judicial.
Antes de que la nombraran en dicha tarea, esta mujer nunca había contestado una demanda judicial.
Había sido funcionaria de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, que son áreas de gobierno que nada tienen que ver con la conducción del Poder Judicial.
Es como encargarle el desarrollo de un reactor nuclear a un pasante de filosofía.
clh