La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez, compareció este jueves ante el Congreso local en un acto que legisladores y observadores calificaron como una “simulación” de rendición de cuentas. Desde diciembre pasado, Sánchez había evitado responder cuestionamientos directos sobre su gestión y solo entregó un informe sin posibilidad de preguntas.
El 29 de enero, tras la aprobación del Congreso para un segundo informe más abierto, Sánchez se presentó en la Comisión de Derechos Humanos y dedicó aproximadamente 20 minutos a leer de inicio a fin el mismo documento que ya había presentado en noviembre y diciembre de 2025. Durante su intervención, destacó que en su primer año en el cargo emitió 18 recomendaciones derivadas de más de seis mil quejas concluidas.
La diferencia con el informe anterior fue que esta vez se permitió un breve espacio para preguntas: cinco minutos para consultas y réplicas de tres minutos por parte de los diputados. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la Ley de Ciberasedio recibieron respuestas idénticas a las anteriores. Sánchez aseguró que las modificaciones recientes de la ley no violaban derechos humanos, a pesar de que cinco jueces federales emitieron amparos contra el artículo 480 del Código Penal y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En Puebla, no hubo acciones equivalentes.
Tras terminar el informe y la ronda de preguntas, Sánchez se dirigió apresuradamente a la salida, evitando el contacto con reporteros. Frente al elevador, se negó a dar declaraciones sobre recientes agresiones a periodistas, incluyendo los golpes y robo a comunicadores de Imagen Televisión y el asalto a un editor del periódico e-consulta.
La comparecencia fue criticada duramente por legisladoras. La diputada Susana Riestra (PAN) calificó el acto como una “simulación”, señalando el bajo número de recomendaciones y quejas atendidas. Por su parte, Delfina Pozos (PRI) aseguró que la CDH de Puebla funciona más como un organismo “administrativo” y “deficiente”, y que las respuestas de Sánchez evidenciaron omisiones graves en casos claros de violaciones a derechos humanos.
“No ha demostrado ser un organismo autónomo y parece que no quiere incomodar al poder. Si no incomoda, no está cumpliendo realmente sus funciones”, expresó Pozos, subrayando la percepción de que la CDH prioriza la imagen institucional por encima de la defensa efectiva de los derechos humanos en Puebla.
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