Una nueva discusión fiscal volvió a abrirse en San Lázaro. El grupo parlamentario de Morena planteó que el país retome el cobro de la tenencia vehicular como impuesto federal, lo que impactaría directamente a entidades como Puebla, donde este gravamen fue eliminado hace más de una década y sustituido por el esquema de control vehicular. La propuesta busca elevar la recaudación local y reducir la dependencia financiera de estados y municipios.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar argumentó que la medida responde a la debilidad recaudatoria municipal. Explicó que más de 800 ayuntamientos ni siquiera cuentan con padrones digitales confiables, lo que limita su capacidad de cobrar impuestos básicos como el predial.
Actualmente, México recauda 82 mil 998 millones de pesos por predial, por debajo del promedio latinoamericano. De alcanzarse la media regional —equivalente al 0.38% del PIB— se obtendrían 59 mil millones adicionales únicamente por esa vía.
El legislador aseguró que reactivar la tenencia permitiría sumar entre 42 mil y 76 mil millones de pesos al año para los gobiernos locales, lo que, afirmó, podría traducirse en mejor infraestructura y servicios.
En Puebla, la tenencia dejó de cobrarse en 2011 durante la administración de Rafael Moreno Valle. En su lugar se estableció el control vehicular, que funciona como una cuota fija que se paga cada año “por el uso de las calles”.
Actualmente, la cuota es de 670 pesos para autos nuevos y vehículos con una antigüedad de uno a nueve años. Las unidades eléctricas e híbridas están exentas, mientras que los autos con más de diez años pagan entre 225 y 855 pesos, según cilindrada y tipo de vehículo.
Aunque Puebla forma parte de las entidades que la eliminaron, 15 estados todavía cobran este impuesto. Algunas de las entidades que lo retiraron desde 2010 son:
Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Chiapas, Campeche, Michoacán y Tamaulipas.
La propuesta de Morena aún debe ser discutida y no existe un calendario definido para su votación, pero de avanzar, modificaría por completo el esquema fiscal que Puebla ha mantenido durante 14 años.
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