Lo ocurrido el 9 de abril en Tehuacán no debe leerse como un episodio judicial. Sus implicaciones son económicas, institucionales y profundamente desestabilizadoras para la región.
La detención de Estela “N”, de 85 años de edad, dentro de la empresa Socorro Romero Sánchez S.A. de C.V., junto con la captura simultánea del notario público número 2, Ramiro “N”, envía una señal grave al ecosistema empresarial estatal y no es un hecho menor ni aislado.