La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una operación de refinanciamiento en el mercado local por 175 mil 648 millones de pesos, con el objetivo de modificar el calendario de vencimientos de la deuda interna y redistribuir compromisos financieros hacia plazos más largos.
La transacción consistió en recomprar instrumentos como Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos previstos entre 2026 y 2050, para sustituirlos por nuevos valores que irán de 2027 hasta 2057. Con este movimiento, el plazo promedio de la deuda intervenida se amplió en 6.62 años, lo que implica que el gobierno federal tendrá más tiempo antes de enfrentar esos pagos.
De acuerdo con la dependencia, el ajuste busca reducir presiones en los años más cercanos y distribuir de manera distinta las obligaciones en el tiempo. Del monto total refinanciado, 64 mil 564 millones de pesos correspondían a instrumentos que vencían en 2026; 20 mil 195 millones a 2027; y 90 mil 889 millones a bonos con vencimientos en 2028 y años posteriores.
Este tipo de operaciones forman parte de las prácticas habituales de administración de pasivos en mercados de deuda. Al extender los plazos, el emisor puede disminuir riesgos asociados a concentraciones elevadas de pagos en un mismo periodo, aunque también asume nuevas condiciones financieras que dependerán del entorno de tasas de interés y de la demanda de los inversionistas.
La Secretaría señaló que el refinanciamiento está alineado con el Plan Anual de Financiamiento 2026, documento en el que se detallan las necesidades de recursos y la estrategia para cubrirlas. En términos técnicos, la recompra y emisión de nuevos instrumentos no implica necesariamente un aumento inmediato en el saldo total de la deuda, pero sí modifica su perfil temporal.
Especialistas en finanzas públicas señalan que extender vencimientos puede ofrecer mayor margen de maniobra presupuestal en el corto plazo, especialmente en escenarios de volatilidad o desaceleración económica. Sin embargo, advierten que el efecto final dependerá del costo al que se hayan colocado los nuevos bonos y de la evolución de las tasas en los próximos años.
Actualmente, la deuda del gobierno federal se compone de instrumentos a tasa fija, variable y denominados en unidades indexadas a la inflación. El mercado local de deuda —donde participan bancos, fondos de inversión, aseguradoras y Afores— es uno de los principales canales de financiamiento del sector público.
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