Vaya paradojas judiciales…
En los más de doscientos años de historia del Poder Judicial del Estado de Puebla, nunca uno de sus titulares había sido denunciado por cohecho.
Nunca hasta hoy.
Y el señalamiento penal es en contra de Pedro Antonio Martínez Hernández, como de quién se quedó como Jueza en Cholula, Angélica Rodríguez Zamora y de César Omar Herrera Zárate, Secretario que la asistió.
Esto se da porque los defensores particulares de Manuel Forcelledo Nader, presentaron una denuncia en contra de los tres integrantes del Poder Judicial.
Y porque los abogados Erick Vargas Carlin y Pamela Ramírez Cruz, acudieron a la Fiscalía General del Estado para hacer del conocimiento de su titular, Idamis Pastor Betancourt, hechos con apariencia de delito de cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Expusieron que la Jueza Angélica Rodríguez habría otorgado el cambio de medida cautelar a su defendido y el secretario César Omar Herrera, había firmado el oficio respectivo para el Centro de Readaptación Social de San Miguel, pero en actuaciones solo está una resolución negando ese cambio de medida.
Situación que le imputan a Martínez Hernández, señalando que fue quien ordenó el cambio de constancias de autos y que la jueza en funciones obedeció, pero que el Secretario Herrera Zárate ya había mandado el oficio de libertad sin sustento alguno.
Hechos que han sido utilizados por algunos medios de comunicación para denostar al Juez titular de ese juzgado, Enrique Romero Razo, quién había pedido licencia quince días antes de estos eventos y el que, por supuesto, ignoraba lo que ocurrió en su ausencia.
LA VENGANZA DE RUEDA
Aparece como punto clave en esta trama, que quien inicia los ataques mediáticos en contra de Romero Razo es Diario Cambio culpándolo primero de hacer liberado a Forcelledo, después, una vez que el propio juez confirmó que Forcelledo seguía en la cárcel… lo acusaron de haber ordenado liberarlo pero que el Consejo "había revocado esa orden".
Posteriormente, cuando la defensa hizo pública la supuesta duplicidad de actuaciones -emitidas bajo la responsabilidad de Angélica Rodríguez Zamora, nombrada como Jueza por el Consejo de la Judicatura- atacó a Romero Razo de haber ordenado el cambio de actuaciones.
Esto es, no importa de qué sino lo importante es culpar al Juez Enrique Romero Razo de algo.
Pero todo eso tiene una explicación muy clara: José Arturo Rueda Sánchez de la Vega abomina a Romero Razo por haber librado la orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión cometido en agravio de Jorge Estefan Chidiac, en diciembre de 2021 bajo el proceso número 19/2021.
Romero Razo le dictó formal prisión a Rueda y su defensa se fue al amparo, mismo que perdió. Después se fue a la revisión ante un Tribunal Colegiado y también lo perdió.
Es más, ese Tribunal Federal acreditó la existencia del delito de extorsión y la responsabilidad en su comisión.
CAMBIAN DE ADSCRIPCIÓN AL JUEZ ROMERO RAZO
Romero Razo fue cambiado de adscripción a la Mixteca y el juez que se quedó en su lugar dictó sentencia definitiva condenando a Rueda a tres años ocho meses de cárcel.
Su defensa apeló y la Sala ordenó reponer el procedimiento y en esta segunda vuelta un Secretario en funciones de Juez, absuelve a Rueda en contra de constancias de autos.
Curiosamente ese Secretario es el mismo del caso Forcelledo Nader, y se llama César Omar Herrera Zárate, mismo que fue acusado de decretar el arraigo domiciliario a un feminicida en 2024, actuando en funciones de Juez.
He ahí el hilo conductor de los ataques contra Romero Razo, quién se encontraba de licencia autorizada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla y es el propio Consejo quien designó a Angélica Rodríguez Zamora, para que quedara como jueza esos días.
Y quien bajo la responsabilidad de su firma avaló las resoluciones judiciales por ella emitidas.
Todo lo demás de que si fulano o zutano dieron órdenes en determinado sentido son exclusivamente especulaciones.
Quién firma es el responsable.
Empero, el Consejo de la Judicatura ha emprendido una cacería en contra del Juez Romero Razo, quién, trasciende, está preparando su defensa legal ante cualquier arbitrariedad que quieran cometer en su contra.
Curiosamente, contra los jueces corruptos el Consejo no hace nada como ocurre con el Juez de Oralidad Penal de Izúcar de Matamoros, José Nicolás Severino Sánchez, quien dejó libre a un homicida que mató a golpes a una persona en Chietla, fijándole una garantía económica de mil pesos y una firma periódica de cada ocho días.
Todo esto dentro de la causa penal número 36/2026 de Izúcar de Matamoros.
¡Mil pesos por una vida!
¿Y el Consejo de la Judicatura?
¿Y su titular Pedro Martínez Hernández?
¿Y la impartición de la justicia?
Al tiempo.
clh