Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, difundido dos días antes, en el que se sostiene que en México la comisión de desapariciones forzadas alcanza la dimensión de crímenes de lesa humanidad y se plantea llevar el tema ante la Asamblea General del organismo internacional.
En un comunicado emitido este sábado, la CNDH cuestionó las conclusiones de los expertos del comité y también lanzó críticas contra organizaciones de la sociedad civil mexicana, a las que señaló por supuestamente manipular demandas relacionadas con derechos humanos.
En su posicionamiento, el organismo retomó en lo esencial la postura que previamente había fijado el gobierno federal, aunque con un tono más severo y con mayores descalificaciones hacia el comité y hacia los colectivos y organizaciones que desde hace años han documentado la crisis de derechos humanos vinculada con las desapariciones en el país.
El texto de la comisión, difundido durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra, puso en duda la integridad y la independencia de los integrantes del comité de la ONU y dirigió señalamientos específicos contra el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, al afirmar que mantiene una visión parcial sobre las acciones gubernamentales frente a este problema.
El 2 de abril, tras conocerse el informe del comité, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo también había rechazado sus conclusiones mediante un comunicado en el que calificó el documento como sesgado, tendencioso y falto de rigor. En esa postura, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores negaron la validez de los argumentos del comité, que sostienen que en México persisten desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada, cometidas tanto por agentes del Estado como por grupos criminales que operaban con aquiescencia estatal.
La CNDH agregó a esa línea argumentativa señalamientos contra organizaciones que, según afirmó, se presentan como representantes de víctimas y defensoras de derechos humanos con fines de lucro. También sostuvo que existe un uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y una intención de politizar la determinación del comité.
En su pronunciamiento, la comisión también aludió al período de la llamada guerra contra el narcotráfico, al acotar ese proceso al sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. Bajo esa lógica, introdujo el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante esa administración, condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, para cuestionar si el comité había pasado por alto ese antecedente.
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Djs
