Exasistente poblana de Luis Miguel reclama liquidación laboral tras 25 años de servicio

Por avaldez , 22 Mayo 2026
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La trabajadora se había desarrollado presuntamente al margen de la legislación laboral y de seguridad social
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El entorno legal del cantante Luis Miguel enfrenta un litigio en materia de derecho del trabajo tras la demanda pública de Edith Sánchez, ciudadana originaria de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, quien reclama una indemnización económica proporcional a un periodo de 25 años de servicio como asistente personal del intérprete.

La relación laboral concluyó de forma unilateral en 2017, cuando Sánchez fue apartada de los esquemas de giras internacionales sin una notificación formal de rescisión ni el pago del finiquito correspondiente.

Posteriormente, en 2023, la representación del cantante ofreció una compensación económica de 50 mil dólares, propuesta que la demandante rechazó por considerar que no correspondía a los criterios legales de antigüedad y salarios devengados durante más de dos décadas.

De acuerdo con los datos presentados, las actividades de logística, preparación de vestuario y organización de viajes se realizaron sin la firma de un contrato escrito.

La exempleada percibía una remuneración mensual de mil 500 dólares bajo un régimen de disponibilidad permanente, careciendo de periodos vacacionales, días de descanso obligatorios y aportaciones a fondos de retiro o servicios de salud.

Para acreditar el vínculo laboral ante las instancias correspondientes en caso de iniciar un juicio, la defensa de Sánchez cuenta con un expediente que incluye bitácoras de viaje, pasaportes con visados internacionales y registros personales acumulados desde el inicio de sus funciones.

La afectada, de 69 años, enfrenta padecimientos crónicos derivados de un diagnóstico de diabetes y secuelas de cáncer, dependiendo actualmente de redes de apoyo familiar para su manutención.

Hasta el momento, la representación legal y la oficina de relaciones públicas del cantante se han mantenido sin emitir un pronunciamiento oficial respecto a la exigencia económica de la ciudadana poblana o sobre la validez de las pruebas documentales que sustentan la reclamación.


 

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