Ciudad de México, México.- Aunque en la última década se han presentado al menos seis iniciativas para legalizar la eutanasia en México, ninguna ha logrado avanzar, pese a que distintos sondeos indican un respaldo social mayoritario a favor de la llamada muerte digna. En ese contexto, la propuesta ciudadana denominada Ley Trasciende busca abrir paso a un cambio legal que permita reconocer esta práctica como un derecho humano y garantizar su acceso de forma segura y equitativa para pacientes con enfermedades terminales.
La iniciativa más reciente fue promovida en octubre de 2025 ante el Senado por Samara Martínez, activista de 31 años que vive con enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal. El proyecto plantea modificar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud para legalizar la eutanasia o el suicidio asistido, figuras que actualmente en la legislación mexicana se castigan como homicidio por piedad, con penas de hasta 12 años de prisión, según lo establecido en el artículo 312 del Código Penal.
Cinco meses después de su presentación, la propuesta continúa detenida en revisión oficial. Esto ocurre a pesar de que, según sus impulsores, cuenta con un respaldo social sin precedentes, expresado tanto en redes sociales como en encuestas. Un estudio realizado en 2022 por la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que el 72,7 por ciento de la población está a favor de modificar las leyes para permitir la eutanasia, con un apoyo todavía mayor entre personas de 18 a 34 años, donde alcanza el 80 por ciento.
Para Martínez, la discusión no se limita a dignificar el final de la vida, sino que también toca el terreno de la justicia social. Sostiene que la prohibición actual perjudica sobre todo a quienes no tienen recursos para viajar a países donde este procedimiento sí está permitido, como Suiza, o para acceder a él de manera clandestina. Desde su perspectiva, morir dignamente no debería ser un privilegio reservado a unos cuantos, sino un derecho al alcance de cualquier persona.
La iniciativa también se inserta en un contexto de profundas carencias en el sistema de salud. De acuerdo con lo documentado, sólo entre el 3 y el 5 por ciento de la población que requiere cuidados paliativos en México logra acceder a ellos, situación que deja a muchas personas con enfermedades terminales o dolores crónicos expuestos a largos períodos de sufrimiento.
La experiencia de Samara Martínez ha sido central en la construcción de esta propuesta. A los 17 años fue diagnosticada con dislipidemia mixta e hipertensión. Cinco años más tarde recibió el diagnóstico de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, cuando ya sólo conservaba 23 por ciento de función renal. Posteriormente también se le detectó lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que afecta distintos órganos del cuerpo. Tras dos trasplantes de riñón fallidos, su padecimiento evolucionó hasta una fase terminal, con una expectativa de vida de entre cinco y ocho años y la necesidad de someterse a una diálisis durante 10 horas diarias.
La Ley Trasciende establece requisitos estrictos para acceder a la eutanasia. Entre ellos, ser mayor de edad, se encontrarán en pleno uso de facultades mentales, contar con dos diagnósticos emitidos por médicos distintos que acreditan una enfermedad terminal o crónico-degenerativa discapacitante sin posibilidad de curación, y haber recibido información clara sobre el procedimiento. Además, la persona deberá manifestar su voluntad libremente y por escrito ante notario público, y ratificarla al menos cinco días después.
La propuesta también contempla la objeción de conciencia para el médico personal, de modo que ningún profesional estaría obligado a practicar el procedimiento. Sin embargo, plantea que las instituciones de salud deben garantizar que otro especialista esté disponible en un plazo máximo de 48 horas, para evitar retrasos injustificados.
Dentro de sus lineamientos, la iniciativa señala que la Secretaría de Salud tendría la responsabilidad de capacitar al personal desde una perspectiva ética, asegurar la disponibilidad gratuita de los medicamentos necesarios y supervisar el cumplimiento del procedimiento en todas las instituciones médicas públicas.
La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, ha expresado su respaldo a la propuesta y ha señalado que, si la eutanasia llegara a reconocerse como derecho humano, el Estado tendría la obligación de garantizar que cualquier persona pudiera ejercerlo sin importar su condición económica. A su juicio, el desafío no sería menor, pero resultaría indispensable construir un sistema que no excluya a nadie.
Desde el ámbito jurídico, Diego Valadés, investigador emérito de la UNAM, considera que en un Estado laico no existe justificación para obligar a una persona enferma a continuar con vida en contra de su voluntad por razones vinculadas a creencias religiosas. En su opinión, el Estado no debe imponer sufrimiento inútil a quien no desea prolongarlo, y las convicciones personales de los gobernantes no tendrían que traducirse en restricciones para quienes piensan distinto.
Aunque alrededor del 80 por ciento de la población mexicana se identifica como católica, los datos citados en la discusión muestran que la pertenencia religiosa no necesariamente impide un respaldo social a la legalización de la eutanasia. Para los promotores de esta causa, el acompañamiento y el respeto a la decisión individual también pueden entenderse como una expresión de amor al prójimo.
Valadés subraya que la lucha por una muerte digna lleva más de tres décadas y recuerda que esta práctica ya es legal en 18 países. Países Bajos fue el primero en aprobarla en 2002, y después se sumaron naciones como España, Canadá y Colombia. Sin embargo, advierte que despenalizarla no bastaría si no se establece una regulación sanitaria que asegure su aplicación gratuita y segura en el sistema público.
En México, el principal avance en esta materia ha sido la voluntad anticipada, mecanismo mediante el cual una persona en pleno uso de sus facultades puede decidir sobre tratamientos médicos destinados a prolongar artificialmente la vida. No obstante, esta figura aún no ha sido reconocida en todas las entidades del país y, en varios de los lugares donde sí existe, su efectividad suele depender de que los familiares comuniquen oportunamente esa decisión al médico personal.
La eutanasia y el suicidio asistido continúan enfrentando resistencias sociales, culturales y familiares. Para Samara Martínez, la discusión no debe entenderse como una imposición, sino como una ampliación de libertades. Desde su visión, la Ley Trasciende no es una norma orientada a la muerte, sino una apuesta por el amor a la vida hasta el último instante.
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Foto: Especial
djs
