El desprecio a la verdad es la divisa de nuestros tiempos. Está en todo lugar; particularmente, en el gobierno federal. La prédica matutina, en sus dos versiones, la ruda y la suave, comparten el desapego a la verdad. En la pretensión de absolver a la presidenta Sheinbaum, suele decirse que está mal informada, aludiendo no a su falta sino a la de sus colaboradores; ella también dice eso del presidente Trump, a manera de rechazar su dicho de que en México mandan los criminales.
Mentir desde el poder puede deberse al error, puede ser involuntario, puede ser decisión calculada o reflejo propio de la autocracia; en este caso casi siempre parte de la convicción de que quien recibe la información, especialmente los afines, habrán de reafirmarse en su lealtad y de que las cosas van bien.
La mentira tiene su ciclo. En los primeros años de la presidencia de López Obrador una encuesta de GCE mostraba que la mayoría sabía que el presidente mentía, pero no les importaba porque la esperanza, reafirmada con los programas sociales daba para eso y más. La situación cambió y es un error de la presidenta Sheinbaum insistir en esta práctica perniciosa.
La situación ahora es diferente porque el blindaje para mentir se ha deteriorado. Aunque es probable sean más quienes crean que la presidenta habla con verdad, al menos comparado con el mentiroso contumaz que la precedió. Sus buenas formas le sirven; pero cada día se pierde esa protección; recurrir ahora a la imagen de científica, académica universitaria no cuadra con lo sustantivo de su mensaje y una y otra vez se muestra desinformada y elusiva de explicaciones obligadas. No hay semana sin escándalo, sin que la presidenta quede expuesta porque sus dichos no se apegan a la verdad. Asuntos menores se vuelven mayores y porque se ha desentendido cuidar la credibilidad de la presidencia en estos momentos tan críticos del país.
Sería menor la falta si el desapego a la verdad fuera sobre asuntos opinables como los niveles de aprobación del gobierno, la confianza de inversionistas, la erradicación de la corrupción o que Morena es el representante único y genuino del pueblo. Sin embargo, cuando la referencia tiene que ver con el derecho a la vida, la tasa de homicidios, desaparecidos o los muertos por la pandemia el asunto adquiere otra dimensión.
La narrativa presidencial se vino al piso ante la evidencia y el reclamo razonado sobre la situación en el país. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha solicitado al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Este reclamo, sumamente grave, acusa de delitos de lesa humanidad. La postura de la ONU no es diferente a la denuncia de muchas organizaciones civiles y agrupamientos relacionados con los desaparecidos. La respuesta del gobierno y de la CNDH es una ofensa y ratifica la determinación de las autoridades por la impunidad.
El reclamo civil y de organismos internacionales por los homicidios y los desaparecidos ante la negligencia oficial interrumpe brusca y contundentemente la narrativa oficial. México está hundido en expresiones de violencia extrema que se han ido normalizando a partir del discurso oficial y una justicia penal inexistente. No solo son casos de negligencia, también decisiones calculadas ante la presencia de la criminalidad en el tejido económico, social y político. La impunidad es condición de existencia del régimen, como revela que en más de un año y con una nueva fiscal no se haya avanzado en el mayor caso de corrupción conocido, el contrabando de combustible, delito que persiste y que por igual tiene vínculos con el financiamiento ilegal de campañas que con el crimen organizado respecto al narcotráfico. Las conclusiones preliminares remitían al nivel más alto del gobierno; meses después el fiscal Gertz Manero fue removido y de allí en delante nada ha ocurrido. Evidente la decisión de frenar la investigación.
Una causa ejemplar como la que emprenden las madres buscadoras se enfrenta al desdén y engaño oficial. Los casos aumentan y la búsqueda persiste a partir de la determinación de mujeres ejemplares, heroínas de nuestros tiempos. Sirva el llamado de la ONU para que el gobierno entienda que, tarde o temprano, habrá de prevalecer la justicia frente a los homicidas y frente a quienes optaron por abordar los desaparecidos con propósito de impunidad.
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Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias
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