Ciudad de México, México.- A un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras de personas desaparecidas en el país han alcanzado un nuevo pico histórico: un promedio de 40 desapariciones diarias, lo que equivale a 14,765 víctimas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Esto representa un aumento del 16% respecto al último año del sexenio anterior. En paralelo, México enfrenta el escrutinio internacional por parte de la ONU, que evalúa si el fenómeno puede constituir un crimen de lesa humanidad.
La presidencia ha evitado posicionarse abiertamente sobre el tema, y las reuniones con colectivos de madres buscadoras han sido prácticamente inexistentes. La única excepción fue un encuentro con el Comité ¡Eureka! y reuniones aisladas con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin avances significativos.
El caso Teuchitlán, donde fue hallado un presunto centro de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, obligó al gobierno federal a tomar una postura más activa. Sin embargo, los hallazgos no han generado acciones concretas ni contacto sostenido con familiares.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 de la Convención Internacional, abriendo la posibilidad de que México sea llevado ante la Asamblea General, al considerar que las desapariciones forzadas en el país son sistemáticas y generalizadas, y podrían atribuirse a agentes del Estado o actores con su consentimiento.
Aunque el Estado mexicano envió un informe al comité en septiembre, solicitó que fuera tratado con carácter confidencial, lo que generó críticas por falta de transparencia. Organizaciones civiles y familiares denunciaron que las desapariciones no pueden considerarse hechos aislados, y solicitaron llevar el caso ante la Corte Penal Internacional.
El crecimiento más alarmante se registró en estados como Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur. En Sinaloa, colectivos de búsqueda denunciaron que el número real de víctimas podría superar los 5,000 casos, debido al subregistro y al temor a denunciar. En Chiapas, el 60% de las víctimas son mujeres, lo que supera ampliamente el promedio nacional.
En respuesta a la crisis y la presión internacional, el gobierno federal impulsó reformas legales para integrar registros más eficientes, crear una Plataforma Única de Identidad y establecer una Base Nacional de Carpetas de Investigación. No obstante, expertos señalan que la propuesta no resuelve problemas estructurales, como la mala clasificación de delitos o la falta de un sistema forense eficaz.
La administración Sheinbaum también fue cuestionada por el desmantelamiento de instituciones clave heredadas del sexenio anterior, como el Centro Nacional de Identificación Humana. La designación de Martha Lidia Pérez Gumecindo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda fue recibida con reservas, pese a que representa un relevo tras la polémica gestión de Teresa Reyes Sahagún.
El año concluyó con la renuncia del titular de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, sin que se presentaran nuevas líneas de investigación. La presidenta prometió recurrir a expertos de la ONU, mientras familiares temen un regreso a la desmentida “verdad histórica”.
En palabras de Marlety García, madre buscadora: “Ya es parte de la historia de México. Va a estar ahí y nuestros niños, nuestros jóvenes, la están viviendo”.
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foto: Redes sociales
Djs
