La oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupaciones sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, al considerar que estas medidas contravienen principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional.
Durante una declaración pública, la portavoz del organismo, Marta Hurtado, señaló que las sanciones de carácter sectorial —incluidas las advertencias arancelarias dirigidas a países que exporten petróleo a la isla— no deberían aplicarse de manera unilateral. Indicó que, conforme a la normativa internacional, este tipo de medidas corresponde exclusivamente al Consejo de Seguridad de la ONU.
De acuerdo con la oficina de Derechos Humanos, las restricciones económicas están generando efectos directos en sectores sensibles de la población cubana. Entre las principales afectaciones mencionadas se encuentra el suministro de combustible, insumo clave para el funcionamiento de hospitales, particularmente en áreas críticas como unidades de terapia intensiva y salas de urgencias.
El organismo advirtió que la escasez de petróleo también podría comprometer la cadena de frío necesaria para conservar vacunas, productos sanguíneos y medicamentos que requieren condiciones específicas de almacenamiento. Una interrupción en este proceso, señaló la portavoz, aumentaría el riesgo de desabasto y posibles brotes de enfermedades prevenibles.
Además del ámbito sanitario, la ONU alertó sobre impactos en el sistema de distribución de alimentos en la isla. El programa estatal de racionamiento, que cubre productos básicos para millones de personas, depende en parte del combustible para el transporte y almacenamiento. Las limitaciones energéticas, agregó el organismo, podrían afectar programas de alimentación escolar, apoyo nutricional en maternidades y atención a adultos mayores en residencias públicas.
Si bien el gobierno estadounidense ha sostenido que sus medidas buscan ejercer presión política, la oficina de Derechos Humanos reiteró que ningún objetivo de esa naturaleza debe traducirse en afectaciones a derechos fundamentales de la población civil.
El pronunciamiento se suma a debates recurrentes en foros internacionales sobre el alcance y las consecuencias de las sanciones económicas unilaterales. Mientras tanto, el impacto real en el terreno continúa siendo motivo de seguimiento por parte de organismos multilaterales y organizaciones humanitarias.
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