Washington, Estados Unidos.— El presidente Donald Trump presentó este viernes su propuesta presupuestaria para 2027, en la que plantea elevar el gasto en defensa a 1,5 billones de dólares, una cifra que se perfila como la mayor solicitud de este tipo en varias décadas y que confirma su prioridad de fortalecer la capacidad militar del país por encima de otros programas internos.
El documento sostiene que el mandatario busca reconstruir las fuerzas armadas bajo la premisa de “garantizar la paz mediante la fuerza”. Aunque el presupuesto presidencial no tiene fuerza de ley, sí funciona como una declaración de prioridades de la Casa Blanca frente al Congreso, que conserva la facultad de aprobarlo, modificarlo o rechazarlo.
La propuesta, elaborada por la Oficina de Presupuesto que encabeza Russ Vought, también contempla una reducción del 10% en el gasto destinado a programas no vinculados con la defensa, al transferir parte de esas responsabilidades a gobiernos estatales y locales. Vought conversó sobre el plan con legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en una llamada privada realizada el jueves 2 de abril, mientras el Congreso avanza en la elaboración de sus propios proyectos de gasto.
Trump ya había dejado claro antes de su mensaje a la nación sobre la guerra con Irán que el aparato militar sería uno de los ejes centrales de su agenda. En un acto privado en la Casa Blanca, el miércoles, afirmó que la situación bélica impedía atender desde el ámbito federal rubros como el cuidado infantil, Medicaid o Medicare, al insistir en que esas funciones podrían quedar en manos de los estados.
Entre las prioridades incluidas en la propuesta de la Casa Blanca aparece el respaldo a las operaciones de control migratorio y deportación mediante la eliminación de programas de apoyo al reasentamiento de refugiados. También se plantea mantener los fondos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los niveles actuales y aprovechar los incrementos otorgados el año pasado al Departamento de Seguridad Nacional para seguir ampliando los centros de detención, con espacio para 100 mil adultos y 30 mil integrantes de familias.
A ello se suma un incremento del 13% en los recursos del Departamento de Justicia, que, según la administración, estaría orientado a perseguir a delincuentes violentos. El plan además prevé la creación de un fondo de 10 mil millones de dólares dentro del Servicio de Parques Nacionales para proyectos de embellecimiento en Washington, DC, así como un aumento de 481 millones de dólares para reforzar la seguridad aérea y apoyar la contratación de más controladores de tráfico aéreo.
La propuesta se presenta en un contexto fiscal complejo para Estados Unidos, con déficits anuales cercanos a 2 billones de dólares y una deuda superior a 39 billones. De los 7 billones de dólares estimados en gasto anual, cerca de dos terceras partes se destinan a Medicare, Medicaid y al Seguro Social, rubros que siguen creciendo al ritmo del envejecimiento de la población. El resto suele repartirse de forma más equilibrada entre defensa y programas internos, con cerca de un billón de dólares para cada bloque, donde se concentra buena parte de la disputa presupuestaria en el Congreso.
El plan de Trump se apoya además en el paquete de recortes fiscales republicano promulgado el año pasado, que ya había canalizado al menos 150 mil millones de dólares adicionales para el Pentágono en los próximos años y 170 mil millones para operaciones migratorias y de deportación dentro del Departamento de Seguridad Nacional. La estrategia de la administración pasa nuevamente por apoyarse en sus aliados republicanos en el Congreso para sacar adelante estas prioridades.
Según la propuesta, 1,1 billones de dólares para defensa serían tramitados mediante el proceso regular de asignaciones, que habitualmente requiere respaldo bipartidista. Otros 350 mil millones llegarían a través del mecanismo de conciliación presupuestaria, una vía que los republicanos podrían aprobar por mayoría simple sin necesidad del apoyo demócrata.
El documento llega en un momento en que la Cámara de Representantes y el Senado siguen enfrentados por el gasto correspondiente a 2026, particularmente por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en la política de aplicación de leyes migratorias impulsadas por Trump, mientras los republicanos rechazan esas condiciones.
En medio de ese conflicto, Trump anunció el jueves que firmaría una orden ejecutiva para pagar a los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional que se han quedado sin salario durante el cierre parcial del gobierno, el más largo del que se tiene registro, con 49 días acumulados. Aunque esta semana los líderes republicanos alcanzaron un acuerdo sobre una ruta para financiar al departamento, el Congreso se encuentra en receso de primavera y todavía no vota una nueva legislación.
La nueva propuesta también revive la línea que Trump marcó en su primer presupuesto tras regresar a la Casa Blanca, cuando buscó reducir de forma drástica el tamaño y el alcance del gobierno federal, en sintonía con los recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, vinculado al empresario Elon Musk. Sin embargo, el Congreso no siempre acompañó esos intentos.
De hecho, para el año fiscal en curso, que concluye el 30 de septiembre, el presidente había planteado una reducción cercana a una quinta parte del gasto no relacionada con la defensa, pero los legisladores mantuvieron esos recursos prácticamente sin cambios. Incluso algunos programas que la Casa Blanca pretendía eliminar por completo, como la asistencia para ayudar a familias con sus costos de energía, terminaron con ligeros incrementos presupuestarios.
Otros rubros conservaron el mismo nivel de financiación, entre ellos las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario, utilizadas por estados y gobiernos locales para obras y proyectos dirigidos principalmente a comunidades de bajos ingresos, como parques, sistemas de alcantarillado y vivienda asequible. Al mismo tiempo, el Congreso ha insistido en que el gobierno debe ejercer el presupuesto tal como fue aprobado por los legisladores. En ese sentido, la senadora Patty Murray, principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado, recordó que los proyectos de gasto de este año incluyen cientos de montos específicos y directrices que la administración está obligada a respetar.
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Foto: Especial
Djs
