El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del programa Salud Casa por Casa 2026, una estrategia que llevará servicios médicos gratuitos directamente a los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente que ya forman parte del padrón de la Pensión para el Bienestar.
De acuerdo con el documento oficial, el objetivo central es atender a una población que, por su condición física o edad, enfrenta dificultades para trasladarse a clínicas y hospitales. El esquema plantea visitas periódicas a domicilio para evaluar el estado de salud de los beneficiarios, detectar oportunamente enfermedades y dar seguimiento a padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o problemas de movilidad, que son frecuentes en este sector.
El programa está dirigido exclusivamente a quienes ya reciben la pensión federal para adultos mayores o el apoyo para personas con discapacidad permanente. La incorporación será automática, ya que se utilizarán los registros oficiales existentes; es decir, no habrá un proceso adicional de inscripción, según lo establecido en la publicación.
La atención que se brindará en 2026 será de primer nivel, lo que significa consultas generales sin procedimientos especializados. Esto incluye revisión médica en el domicilio, evaluación de signos vitales, análisis del historial clínico y la elaboración de un plan de atención individual. El personal asignado deberá recopilar información sobre medicamentos, condiciones de vivienda, entorno familiar y hábitos cotidianos, con el fin de diseñar un seguimiento personalizado.
Además del diagnóstico integral, las reglas establecen que podrá haber monitoreo constante y, en ciertos casos, apoyos relacionados con traslados o ayudas técnicas, dependiendo de la valoración médica. La intención es que cada visita no sea un evento aislado, sino parte de un esquema continuo de supervisión de la salud.
El documento también detalla los derechos de las personas beneficiarias. Entre ellos se encuentra recibir atención gratuita, sin discriminación y con trato digno. También se garantiza el acceso a información clara y oportuna, así como la protección de datos personales. Los trámites deberán realizarse sin intermediarios y se contempla la posibilidad de participar en mecanismos de contraloría social para vigilar el funcionamiento del programa. Asimismo, las personas pueden rechazar el servicio sin que esto afecte otros apoyos sociales que ya reciben.
En cuanto a las obligaciones, los beneficiarios deberán proporcionar información veraz, mantener actualizados sus datos, permitir el acceso del personal médico a su domicilio y resguardar su documentación. Estos puntos son considerados necesarios para que el seguimiento clínico sea adecuado y evitar inconsistencias administrativas.
Las reglas de operación precisan que el servicio podrá suspenderse temporalmente si, tras tres visitas en días y horarios distintos, no se logra localizar a la persona beneficiaria. En estos casos, se levantará el reporte correspondiente y la atención quedará en pausa hasta aclarar la situación.
La baja definitiva únicamente procederá en caso de fallecimiento. Si una persona decide retirarse de manera voluntaria, podrá solicitar su reincorporación posteriormente. El trámite de reactivación tendrá un plazo máximo de dos meses, sujeto a la validación de la documentación requerida.
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