Estados Unidos.- Mark Zuckerberg fue citado a declarar este miércoles en un juicio civil que se desarrolla en California y que busca establecer si el diseño de Instagram y YouTube favorece conductas de uso compulsivo y puede dañar la salud mental de los usuarios que comenzaron a utilizar estas plataformas desde la infancia. El caso, que entró en su segunda semana , se enfrenta a Meta y Google (Alphabet) y se observa como un posible precedente para alrededor de 1,500 demandas similares en Estados Unidos.
La demanda fue presentada por una joven de 20 años , identificada en el expediente como KGM , quien acusa a ambas compañías de haber propiciado una dependencia a redes sociales cuando tenía menos de 10 años . De acuerdo con su argumento, esa dinámica habría contribuido a episodios de depresión , ansiedad , problemas de autoestima y pensamientos suicidas, debido a mecanismos de producto diseñados para retener la atención.
El proceso se ventila en una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles y es considerado el primero de una serie de litigios “emblemáticos” que buscan que las plataformas asuman responsabilidades por el impacto de sus decisiones de diseño, al compararlas con industrias que explotan conductas adictivas. La comparecencia de Zuckerberg marcaría la primera ocasión en que el fundador de Meta responde ante un jurado por este tipo de señalamientos vinculados al diseño de sus productos.
Durante las audiencias previas han participado directivos y se han expuesto debates internos sobre funciones y contenido, mientras la defensa ha sostenido que la discusión debe distinguir entre “adicción clínica” y “uso problemático”. En este contexto, el juicio también ha retomado el impacto de ciertas funciones en la experiencia de los adolescentes, incluidos aspectos vinculados a imagen corporal y bienestar.
En paralelo, el expediente incluye que la demandante también presentó contra Snapchat y TikTok , aunque esas compañías alcanzaron acuerdos extrajudiciales antes de llegar a juicio. Además, Meta enfrenta otro proceso en Nuevo México impulsado por el estado, que acusa a sus plataformas de facilitar un “mercado” para depredadores infantiles y no filtrar adecuadamente contenido dañino para menores.