Argentina.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei , un resultado que significó un avance político de alto impacto para el oficialismo, que logró reunir respaldos clave en el Congreso pese al paro general convocado por la CGT ese mismo día. De acuerdo con analistas, la votación abre una nueva etapa de disputa sobre el rumbo del mercado de trabajo y anticipa mayor tensión entre el Gobierno y el sindicalismo.
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara baja e introducir cambios en el régimen de contratación , la negociación colectiva y la organización de la jornada laboral . Entre los puntos centrales se contemplan mecanismos de flexibilidad horaria , modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido y un mayor peso de los acuerdos por empresa o por región .
El Gobierno sostiene que la reforma favorecerá la creación de empleo formal en un país donde más del 40% de los trabajadores se desempeñan en la informalidad . Los sindicatos , en cambio, advierten que los cambios podrían traducirse en mayor precarización laboral , una pérdida de poder colectivo y un retroceso en derechos laborales .
Durante el debate legislativo se retiraron algunos de los puntos más controvertidos. En particular, el oficialismo eliminó del texto el artículo 44 , que modificaba el régimen de enfermedades inculpables . En la versión original, ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, se establecía el pago de entre 50% y 75% del salario básico —según las circunstancias— por un plazo reducido de entre tres y seis meses .
Como Diputados introducidos cambios, el proyecto deberá regresar al Senado la semana próxima para su revisión final, por lo que todavía no está sancionado de manera definitiva. En términos políticos, el oficialismo lo presenta como su primer avance legislativo de peso en materia laboral y como una señal de que su agenda de reformas estructurales continúa.
Desde la mirada del Gobierno, la media sanción refuerza la idea de “ modernización laboral ”. La Oficina del Presidente afirmó en X que la aprobación significaría más trabajo registrado, menor informalidad, normas adaptadas al “ siglo XXI ”, menos burocracia, mayor dinamismo y el fin de la llamada “ industria del juicio ”. Para la administración, el proyecto busca marcar un punto de inflexión frente a un sistema que considera rígido y que, según su diagnóstico, dificulta el empleo formal.
Para la CGT , el paro general apuntó a demostrar que el Gobierno puede avanzar en el Congreso, pero no necesariamente en la calle, al exhibir capacidad de presión con afectaciones al transporte , adhesión en sectores clave y un discurso centrado en la defensa de derechos adquiridos.
La analista política Francisca Vila , coordinadora de Asuntos Públicos de Prospectiva Latam , advirtió que la flexibilización que promueve la reforma no garantiza, por sí sola, más empleo registrado. Señaló que una de las preocupaciones principales es una eventual pérdida de derechos y que el oficialismo muestra fortaleza política y legislativa, aunque convive con señales más débiles en la economía real, como la suba de la inflación a 2,9% , la caída del consumo y del salario real , el cierre de unas 22.000 empresas en dos años y el aumento de importaciones .
En una línea similar, la economista Nadia Schuffer sostuvo que la creación de empleo formal responde a un crecimiento equilibrado de la economía y la expansión de sectores intensivos en trabajo, como la construcción , la industria manufacturera y el comercio , además de actividades vinculadas a recursos naturales . En ese marco, advirtió que el crecimiento actual estaría más impulsado por sectores de baja intensidad laboral y que se destruiría más empleo del que se genera.
Otra interpretación fue aportada por el consultor político Mario Edgardo Rodríguez , quien demostró que la discusión excede el contenido puntual de la reforma y se vincula con la iniciativa política del presidente y el mandato de cambio expresado en 2023 . Sobre el paro, sostuvo que su efecto es acotado y que no modificaría el apoyo al Gobierno. También destacó como punto relevante la descentralización de la negociación colectiva mediante acuerdos por región o actividad.
Por su parte, el analista Oscar Romano describió la reforma como una “prueba de fuego” para la Casa Rosada y señaló que la medida de fuerza de la CGT impacta en la coyuntura y debilita al Gobierno porque el eje es el trabajo . También planteó que el clima social dependerá de las variables de la economía .
En el terreno parlamentario, el desenlace sigue abierto. El texto ya tenía media sanción del Senado, pero los cambios en Diputados obligan a una nueva discusión en la Cámara alta, que deberá aceptar las modificaciones para convertirla en ley o insistir con su versión original, lo que abriría otra votación. En ese proceso, el oficialismo necesita sostener acuerdos con bloques dialoguistas para evitar que se retrase la sanción definitiva.
Con la pulsada en marcha entre el Congreso y las calles, el debate sobre la reforma laboral entró en una zona de alta tensión. Expertos anticipan una negociación dura en el Senado, la posibilidad de judicialización y nuevas protestas , en una disputa cuyo alcance real —advierten— recién comienza.
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