Ciudad de México, México.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determina que la situación de las desapariciones en México ha alcanzado una gravedad tal que existen indicios fundados para considerar que este delito se ha cometido y continúa cometiéndose como crimen de lesa humanidad. Por ello, resolvió remitir el caso al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con el propósito de que sea llevado ante la Asamblea General medidas y se analizan orientadas a fortalecer la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación de estas conductas.
La resolución, difundida este jueves desde Ginebra, sede del Comité, sostiene que la evaluación del organismo apunta a la existencia de ataques múltiples, generalizados o sistemáticos contra la población civil, registrados en distintos momentos y regiones del país. Esa valoración fue construida a partir del seguimiento que el CED ha dado a México desde 2012, mediante revisiones periódicas, la visita oficial realizada en 2021, solicitudes de acción urgente promovidas por familiares de víctimas, así como información entregada tanto por el Estado mexicano como por organizaciones de la sociedad civil.
En el expediente también quedó asentada la postura del gobierno mexicano, presentada el 18 de septiembre de 2025. En ese documento, el Estado sostuvo que en México no existe un plan, una política ni una línea de conducta atribuible a las autoridades para atacar a la población civil. Asimismo, argumentó que las desapariciones responden a criminales aislados de grupos armados y no a una práctica generalizada o sistemática promovida desde el Estado.
Bajo esa lógica, el gobierno también rechazó elementos aportados por la Federación Internacional de Derechos Humanos, organización que presentó ante el Comité casos correspondientes a Coahuila, Nayarit y Veracruz, actualmente en litigio ante la Corte Penal Internacional. Además, señaló que las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no pueden servir para sostener la existencia de desapariciones forzadas generalizadas, debido a que ese registro no diferencia entre desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares. A juicio del Estado, no se cumplen los criterios de generalización ni de sistematicidad, ni hay señales de aquiescencia o conocimiento por parte de las autoridades.
Pese a ello, el Comité subrayó que la magnitud de los casos incluidos en el registro oficial evidencia por sí misma la dimensión de la crisis. Recordó que el RNPDNO concentra más de 130 mil personas desaparecidas y que una de las recomendaciones previas dirigidas a México fue, precisamente, establecer una distinción clara entre desapariciones forzadas y otros tipos de desaparición, algo que no se ha concretado.
El organismo también puso énfasis en otros indicadores que agravan el panorama, entre ellos el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país. De acuerdo con su valoración, se han localizado más de 4 mil 500 fosas, con más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, a lo que se suman alrededor de 72 mil restos sin identificar.
En sus conclusiones, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado mexicano tras la visita realizada en 2021, no existe una mejoría sustancial en la situación, según la información oficial y pública disponible. Añadió que las autoridades permanecen rebasadas por la dimensión de la crisis y que siguen siendo indispensables reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
Aunque el CED señaló que no encontró indicios de una directiva específica para cometer desapariciones ni de una omisión de acciones deliberada, sí alertó que la falta de eficaces para prevenir estos hechos y sancionar a los responsables ha favorecido un entorno de inseguridad e impunidad. En esa circunstancia, agregó, se han generado las condiciones para la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Ante ese escenario, el Comité planteó a la Asamblea General de la ONU la necesidad de impulsar medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México, especialmente en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de denuncias por desaparición forzada y de posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales.
De igual forma, solicitó que se valore la creación de un mecanismo eficaz para el esclarecimiento de la verdad, así como para brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, además de respaldo a las organizaciones y personas defensoras que acompañan esa labor. En la misma resolución, el Comité reiteró su disposición a mantener la cooperación con México y sostener un diálogo permanente con autoridades y sociedad civil.
Descubre todo sobre noticias Puebla y de todo México visitando nuestra página principal.
Foto: Especial
Djs
