En rueda de prensa, el diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó la presentación de la iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de crear el tipo penal de introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, que permita sancionar a quienes ingresen teléfonos celulares u otros equipos con acceso a internet o telefonía, sin autorización.
El legislador subrayó que esta medida busca frenar delitos como la extorsión y el fraude que, en muchos casos, se originan desde los propios centros de reinserción social, donde los delincuentes tienen sus call centers para cometer actos delictivos.
La propuesta contempla establecer penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA). En caso de que el delito sea cometido por personal penitenciario, las sanciones aumentarán de cuatro a ocho años de prisión, multas de hasta mil UMA, así como la destitución e inhabilitación para ejercer cargos de seguridad pública por cinco años.
Además, se establecen agravantes cuando los dispositivos sean utilizados para cometer extorsión o fraude, con penas de hasta diez años de prisión, y sanciones más severas cuando exista colusión de directivos penitenciarios.
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Foto: Especial
cdch
