Ciudad de México.- El Gobierno federal oficializó la creación de la CURP biométrica tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio. Esta reforma a la Ley General de Población establece que la Clave Única de Registro de Población mantendrá su formato de 18 caracteres, pero integrará fotografía, huellas digitales, iris, firma electrónica y un código QR como parte de un nuevo esquema de identificación.
La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), será la encargada de recopilar y administrar los datos biométricos, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollará la Plataforma Única de Identidad, que permitirá la gestión digital del documento.
De acuerdo con lo programado, la emisión física y digital de la nueva CURP iniciará en octubre de 2025, y a partir de febrero de 2026 será requisito obligatorio en trámites que exijan una identificación oficial.
Entre los procedimientos en los que se solicitará la CURP biométrica se encuentran trámites bancarios, servicios de salud, programas sociales, procesos migratorios, gestiones educativas y validaciones de identidad digital en plataformas públicas y privadas. También será necesaria en actos legales y judiciales para verificar la identidad de las personas involucradas.
El decreto concede un plazo de 90 días a las instituciones públicas y privadas para adaptar sus sistemas y aceptar el documento en los trámites correspondientes.
Hasta agosto de 2025, algunas entidades ya habían puesto en marcha pruebas piloto. En San Luis Potosí, por ejemplo, el trámite se realizó en oficinas del Registro Civil con requisitos como la CURP certificada por RENAPO, identificación oficial vigente y correo electrónico. El proceso será gratuito y se llevará a cabo en módulos del Registro Civil, oficinas centrales de RENAPO y a través de la plataforma digital Llave MX.
Las autoridades precisaron que durante el periodo de transición coexistirán la CURP tradicional y la biométrica, aunque esta última será la que adquiera carácter oficial.
El decreto contempla sanciones para instituciones que se nieguen a aceptar el documento, con multas que van de 10,000 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). No obstante, funcionarios del área digital señalaron que la incorporación de datos biométricos dependerá del consentimiento del ciudadano; en caso de rechazarlos, el documento no tendrá validez oficial.
La medida ha generado inquietudes sobre la protección de datos personales, posibles riesgos de vigilancia y la exclusión de sectores que enfrenten dificultades para cumplir con el trámite. Por ello, se prevé un proceso de implementación gradual que permita monitorear los efectos de la transición hacia esta nueva herramienta de identificación.
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Foto: Cortesia
Djs
