En medio de una agenda de ajustes al gasto público, el gobierno de Puebla envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional que propone reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y establecer nuevos límites presupuestales para el Poder Legislativo y órganos electorales.
La propuesta, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, fija como tope máximo 15 regidurías por municipio, lo que implicaría una reconfiguración en la integración de los cabildos en los 217 ayuntamientos de la entidad.
El planteamiento se inscribe en una política de austeridad administrativa que busca homologar disposiciones locales con criterios federales asociados al llamado Plan B electoral, impulsado a nivel nacional y aprobado previamente en la Cámara de Diputados.
Uno de los impactos más inmediatos sería en el Ayuntamiento de Puebla, que actualmente cuenta con 23 regidurías y pasaría a 15, lo que representa una reducción en su estructura de representación política.
La iniciativa también establece que el presupuesto del Poder Legislativo estatal no podrá exceder el 0.70% del gasto total del estado, con el objetivo de imponer límites más estrictos al uso de recursos públicos.
En paralelo, el documento plantea restricciones a los beneficios de consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), quienes no podrían acceder a seguros médicos privados, seguros de vida, esquemas de retiro especiales ni cajas de ahorro financiadas con recursos públicos.
Además, se establece que las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados y fideicomisos no deberán rebasar el equivalente a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, como parte de un esquema de contención de percepciones en el sector público.
De acuerdo con el tabulador estatal, un consejero del IEE Puebla percibe alrededor de 28 mil 089 pesos mensuales netos, además de prestaciones que incluyen aguinaldo de más de 195 mil pesos y prima vacacional superior a los 44 mil pesos.
El proyecto también contempla ampliar a 15 años la duración del cargo de magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, con el argumento de dar mayor estabilidad institucional.
La propuesta fue turnada al Congreso local, donde será analizada en comisiones. Su eventual aprobación dependerá de las discusiones legislativas y de posibles modificaciones al dictamen final.
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