La pregunta no es jurídica. Es política. ¿Por qué la ratificación de la prisión preventiva ocurre en plena Semana Santa, cuando los juzgados —como el país entero— están en modo pausa, letargo o franca simulación de actividad? Dirán que son los tiempos procesales, que los términos corren, que el calendario judicial no entiende de liturgias. Pero en México los tiempos legales no solo se cumplen: también se administran. Y, cuando conviene, se mueven.