Documentos que han ido apareciendo exponen como quienes presuntamente invadieron 8,3 hectáreas en la ex fábrica textil de La Covadonga, han utilizado la estrategia de aparecer como supuestos compradores de buena fe de los predios, con precios irrisorios y alterando la geografía del municipio de Puebla, para de esa manera intentar ostentarse como los verdaderos dueños y evadir la acusación del delito de despojo. Entre esos adquirientes se encuentra la empresa Agua Inmaculada, que vende franquicias de llenado de garrafones.
La parte más grave de este asunto es que dicha estafa se ha podido “cocinar” con la participación abierta del aparato notarial del estado de Tlaxcala, que ha permitido que se expidan y se registren escrituras de terrenos que pertenecen al norte del municipio de Puebla, pero que se han anotado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la vecina entidad aparentando que están dentro de geografía tlaxcalteca.
En este entramado quien aparecería como un actor clave es Jeremy Martín Rocha Domínguez, quien es el titular de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pues ha sido esta instancia la que autorizó las claves para dar validez a las escrituras ilegales en donde se dice que es territorio tlaxcalteca la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, que tiene décadas y tal vez siglos, de ser parte del territorio poblano.
Sin ir más lejos, hace un par de semanas compareció ante el Cabildo de la ciudad de Puebla la titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de la capital, Karina Romero Sainz, quien ante la invasión de la ex fabrica textil de La Covadonga justificó que su dependencia no ha intervenido por un mandato judicial, pero no porque el área no pertenezca al territorio de la Angelópolis.
Quienes viven en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza pagan el impuesto predial en el municipio de Puebla desde hace décadas, votan en los comicios de la capital, tienen código postal de la Angelópolis, les recoge la basura el servicio de limpia del ayuntamiento poblano, pagan todos los servicios públicos en la ciudad que gobierna el José Chedraui Budib, cuando los asaltan llaman a la policía poblana y si no tienen agua potable le reclaman a la empresa Concesiones Integrales, misma a la que le erogan tarifas mensuales por la dotación del líquido.
Por lo que ahora resulta incongruente que el aparato notarial de Tlaxcala diga que ese territorio es de Tenancingo, un municipio tlaxcalteca.
Tal situación se plantea en el contenido de varias escrituras. Estos son algunos ejemplos:
Según el contrato 2461, que está anotado en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, se establece que una extensión de 23 mi 963.51 metros cuadrados de la zona de La Covadonga es territorio de Tenancingo, Tlaxcala, y que tiene a salvo los gravámenes en ese municipio. Cuando apenas tres meses antes se pagó en Puebla el impuesto predial de esa propiedad por parte de la Fundación Julita y Antonio.
Según ese contrato –suscrito en abril de 2024– que avaló Verónica Sánchez Veana, quien es la notaria pública dos de San Pablo del Monte, la empresa Agua Inmaculada Sociedad Anónima de Capital Variable pagó 25 mil pesos por esa propiedad, sin importar que un año antes se había iniciado un litigio por el delito de despojo de dicha área, en un juzgado de Puebla.
Una segunda escritura, también con la identificación de contrato 2461 y la clave catastral R-07986-27-01, establece que Agua Inmaculada, mediante su apoderado legal Eymard Arguello Mancilla, compró 22 mil 128.96 metros cuadrados, pero en la cantidad de 4 mil pesos. Nunca se explica porque dos predios de casi la misma extensión, por uno de ellos se pagó un precio menor en un 80 por ciento.
Otra escritura, emitida en la misma fecha que las dos anteriores, pero con el contrato 2460, establece que la ciudadana Aidé Guadalupe Ortega Bello, compró 2 mil 824.26 metros cuadrados por 4 mil pesos. Es decir, pagó lo mismo que la venta de un lote de 22 mil metros cuadrados.
Hay otra escritura, que establece que por mil pesos más una mujer llamada Marisol Galindo Galindo adquirió un lote de 4 mil 621.43 metros cuadrados, que es el doble del predio de Aidé Guadalupe Ortega. Es decir, la compradora de esta última extensión acabó erogado 5 mil pesos.
A todos los anteriores compradores, según las escrituras de la notaria Verónica Sánchez Veana, les vendió un personaje llamado José Luis Hernández Ortega, quien argumentó que el 1 de enero de 2013 un particular de nombre Guadalupe López Martínez le cedió los derechos de los terrenos de La Covadonga, que ahora identifica como Rancho La Moratilla.
Nunca se dice en los documentos oficiales la forma en que Guadalupe López habría adquirido la propiedad.
Es importante apuntar que los terrenos de La Covadonga fueron invadidos en abril de 2023 por un grupo armado y que fue denunciado, por el delito de despojo, en esa fecha.
Por lo que resulta incongruente que, 5 meses más tarde, el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, emite una sentencia de juicio de usucapión a favor de José Luis Hernández Ortega para reconocerle la cesión de derechos que supuestamente le hizo Guadalupe López Martínez, sin tomar en cuenta que el predio está en litigio por el delito de despojo.
Algo que se sale de toda lógica es que en los documentos el juicio y en la sentencia, nunca se menciona la extensión del predio que se reclama.
En todo juicio civil o penal si no se establece el tamaño y las colindancias de un bien inmueble que está en disputa, es imposible que proceda el litigio.
Pero en los procedimientos “mágicos” de Tlaxcala se adjudica un terreno a un particular que no se dice cuanto mide el predio.
Por si fuera poco, de un día para otro, en el juzgado se estableció que la zona de La Covadonga dejó de pertenecer a Puebla y ahora es de Tlaxcala, sin que mediara un procedimiento legislativo.
Y todo eso lo avala el aparato de notarios públicos de Tlaxcala, que tiene la obligación de revisar la legalidad de un contrato entre particulares.
LMR