Hace una semana se expuso en este espacio periodístico que un par de equipos de béisbol –uno de niños y otro de adultos— han sido objeto del delito de extorsión desde que arrancó 2026, mediante el llamado “cobro de piso”, y que en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no les querían recibir la demanda, hasta que en un cuarto intento lo lograron.
Ahora, en los últimos días, lejos de que se hubiera dado la intervención y protección de la autoridad, todo se ha complicado, ya que los presuntos criminales no han parado con los cobros ilegales y, por si fuera poco, pretenden despojar a ambas agrupaciones deportivas del campo de juego que utilizan, desde hace varios años, en el norte de la capital poblana.
Esta historia expone como los ciudadanos quedan en estado de indefensión frente a la delincuencia y que el llamado a denunciar los delitos, que es una petición frecuente de las autoridades, no sirve de mucho, es solo propaganda vacía y no un medio efectivo para frenar la acción del hampa.
De las 40 familias que acuden a la practica de béisbol en los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga, la mitad tomaron valor y se atrevieron a denunciar ante la FGE al grupo de tres o cuatro personas que, cada fin de semana, los amenazan con hacerles “desaparecer” sus vehículos si no pagan un soborno para dejarlos jugar y estacionar sus autos.
Los agraviados al presentar la denuncia de los hechos directamente en la oficina de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, luego de que el Ministerio Público en tres ocasiones se negó a admitir el escrito de demanda, no pretendían que en unos pocos días se investigara y se procediera penalmente contra los responsables, pues todo mundo sabe que la procuración de justicia en Puebla es lenta e ineficaz.
Lo que si exigían, como algo que si se puede resolver en lo inmediato, es que en los siguientes fines de semana se les brindara protección policiaca para evitar nuevos actos de extorsión o que se concretara alguna agresión física. Nadie atendió su solicitud.
En los siguientes dos fines de semana, luego de presentarse la denuncia formal ante la FGE, se volvió a registrar las extorsiones de una mujer que se hace llamar Monserrat N., quien se presenta con dos o tres hombres aparentemente armados, a pedirles dinero a las familias para dejarlos jugar y estacionar sus autos, a cambio de no destruir sus vehículos.
Las familias confiaban que, desde la FGE, se ordenara el envío de una patrulla de la policía durante el juego de los adultos –ya que los niños dejaron de acudir al campo– para inhibir las extorsiones. Eso no ocurrió. Al final los volvieron a sobornar con toda la tranquilidad del mundo.
Tales equipos no son los dueños de los terrenos en que juegan, pero si tienen la autorización de la Fundación Julita y Antonio, que es la propietaria de varias hectáreas que eran parte de la fabrica textil La Covadonga, que surgió en el siglo XIX y se mantuvo vigente hasta hace un par de décadas.
La situación se ha agravado porque la mujer que los extorsiona ahora pretende despojarlos del campo que usan para entrenar y jugar los fines de semana.
Desde hace unos días, los supuestos criminales, han colocado una manta en la cual dan a conocer que ponen a la renta el predio en donde está el área de juego. Ver la foto de abajo.
El anuncio dice: “Se renta… patio operativo… 220 metros cuadrados” y ofrece un teléfono para dar los informes.
Es decir, los beisbolistas han sido objeto de amenazas, sobornos y próximamente de un despojo. Mientras tanto, la autoridad “se queda con los brazos cruzados”.
<cab> Hasta el cuarto intento les admitieron
la denuncia
Hace una semana en esta columna se narró como en la FGE opera una burocracia que actúa para no aceptar las demandas por extorsión.
No se sabe si eso ocurre por ineficacia del Ministerio Público o por colusión con grupos criminales.
El lunes de la semana pasada, se expuso en Cuitlatlán el largo y complicado camino para interponer un escrito de denuncia. Este fue el periplo que las familias agraviadas tuvieron que recorrer, mismo que se publicó hace unos días:
Los afectados –es decir las familias de los jugadores de béisbol– bajo la asesoría de un despacho de abogados de la Ciudad de México, elaboraron el escrito de demanda y comisionaron a una litigante a representarlos.
La letrada se presentó en las oficinas centrales de la FGE para interponer la querella, pero le indicaron que en ese lugar no les tocaba recibir dicho recurso legal. Tenía que ir –le dijo una mujer en tono amable—a la Fiscalía Regional y ahí, si sería atendida.
En la Fiscalía Regional todavía con un tono explicativo le comunicaron a la abogada que, por tratarse de un asunto “muy específico”, debía presentar la denuncia en la Fiscalía Especializada en Extorsión, misma que se ubica a un costado del edificio del Poder Judicial Federal, en la zona de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.
Todo hacia suponer que ahí, en el área especializada, todo caminaría mejor y que habría un trato más profesional. Vaya equivocación.
Un agente del Ministerio Público (MP) que, supuestamente es especialista en el combate a la extorsión, se esmeró hasta el cansancio para algo fundamental: no recibir el escrito de demanda de las familias de beisbolistas.
Primer argumento que esgrimió el representante de la FGE: que son muchos los que demandan y no puede hacerse con un solo escrito de denuncia. Exigió que cada uno los afectados se presente a interponer su propio recurso.
La abogada le refutó que ese no era un argumento válido para no aceptar una denuncia. Y además argumentó: muchos de los afectados tienen miedo, pues sus vidas están en riesgo, por lo que sería difícil llevarlos a uno por uno a exigirle a la autoridad que haga su trabajo.
Segundo argumento: que no debían ser muchos los que denunciaran, porque en caso de ganar el proceso legal, sería muy complicado “resarcir” el daño a todos. Una idea que raya en lo absurdo.
Luego de escuchar los dos primeros argumentos, la abogada comisionada le dijo al agente del MP que entonces iba a recurrir a la línea telefónica que se habilitó para denunciar de manera anónima el delito de extorsión.
Tercer argumento: el agente del Ministerio Público, con una alta dosis de realidad, o tal vez de cinismo, le dijo, palabras más, palabras menos: “ahí menos le van a hacer caso”, pues en ese número solo se atiendan denuncias de “extorsión telefónica”.
Y como a los beisbolistas no los extorsionaron por “llamada telefónica”, entonces nadie los va a atender.
Finalmente, la abogada optó por presentarse directamente en las oficinas de Idamis Pastor Betancourt para ver si la fiscal si tiene interés de atender la denuncia de las familias de beisbolistas.
El escrito se presentó a las 11:45 del día, de este 16 de febrero, de acuerdo con el sello de recibido de la FGE.
clh