Si el alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib, quiere tener una mejor etapa de gobierno, tendría que estar pensando seriamente en remover a Karina Romero Sainz como titular de la Secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU), pues esta funcionaria no solamente se está destacando por dar protección a los grupos invasores de tierras en el municipio, sino también por exhibirse como alguien que no domina lo información básica de la dependencia que le tocó presidir.
La reciente comparecencia de Romero Sainz ante el Cabildo de la ciudad, como parte de la glosa del primer informe del edil Chedraui, fue una intervención que solo despertó “pena ajena” entre regidores de todas las fracciones, incluida la de Morena, así como en los interesados en ver la audiencia que es de suma importancia, ya del desarrollo urbano es un área toral del gobierno municipal.
El fondo y la forma en que se presentó la titular de la SGDU es una burla al Cabildo de la capital, no solamente por el errático comportamiento de la funcionaria, sino por sus propias contradicciones. Lo que ella decía que no era posible llevar a cabo por parte de la secretaría que encabeza, a la hora que ella misma se ponía a leer fragmentos de leyes y reglamentos acababa exhibiendo que la equivocada era ella, sin aceptar sus errores y omisiones.
Hubo tres aspectos desconcertantes:
Primero: se hizo acompañar de tres asesores, dos mujeres que se sentaron a su izquierda y a su derecha, más un hombre que estaba a sus espaldas. Prácticamente fueron esos colaboradores los que respondieron a todas las preguntas, cuestionamientos y solicitudes de información.
No hubo una sola parte de la comparecencia en que Karina Romero demostrara un poquito de dominio y manejo de información que se produce en la SGDU.
Todas sus intervenciones se redujeron a leer los escritos que le pasaban sus asesores. Fuera de esos “acordeones” no hubo una sola idea que desarrollara la funcionaria sin la intervención de quienes la acompañaban.
Y por si fuera poco, hubo momentos en que los propios asesores le tuvieron que corregir la lectura de los escritos.
Segundo: a Karina Romero nunca se le vio nerviosa o insegura, más bien se le percibió como indolente y despreocupada de las funciones que le corresponde atender y resolver en el ayuntamiento.
Durante la comparecencia parecía que su mente estaba en otro lado. Solo hay que examinar esta parte: una regidora le preguntó por qué no se demolían las construcciones ilegales que se han levantado en los terrenos invadidos de la ex fábrica textil de la Covadonga, a lo cual la funcionaria respondió con la misma pregunta, de esta forma:
“Sobre el tema de ¿Por qué no se ha ordenado la demolición de construcciones irregulares en la Covadonga…?”, dijo la secretaria, para después quedarse callada y volver a hacer una interrogante: “¿Cuál fue su pregunta?”, en medio de risas de ella misma.
A lo largo de la hora, con 51 minutos y 21 segundos que duró la comparecencia, por lo menos hubo unas 8 o 10 ocasiones en que se hizo un silencio en la sala del Cabildo.
Dichas “lagunas” fueron producto de que toda pregunta que le formulaban a la secretaria no era capaz de contestar nada. A toda intervención de los regidores volteaba a ver a sus asesores para que estos le entregaran las respuestas.
Y muchos espacios se llenaban con frases como “este”, “es curioso”, “mmm”, “mire”, que mencionaba con frecuencia al largo de 15 o 20 segundos, para al final no decir nada.
Tercero: de distintas maneras, los regidores de todos los partidos representados en el Cabildo le cuestionaron a Karina Romero que la SGDU está ausente en su función legal de clausurar y/o demoler las construcciones que se han levantado de manera ilegal en los terrenos invadidos de La Covadonga, la Exhacienda de San José Zetina y de la Unidad Habitacional de La Margarita, entre otros casos graves de despojo de tierras que hay en el municipio.
Shirley Ponce, quien es representante del PRI, en particular le expresó que era claro que no le toca al ayuntamiento determinar quiénes son los auténticos propietarios de los terrenos invadidos, pero si es su responsabilidad el frenar la construcción de casas en esos lotes por no tener permisos y porque las áreas carecen de servicios públicos.
En todo momento, la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano se defendió diciendo que los jueces le han prohibido a la SGDU intervenir, en lo que supuestamente se resuelven los litigios por la invasión de los predios.
Pero después sostuvo que esas construcciones no pueden ser demolidas por no entrar en las facultades que la ley le otorga a la SGDU.
En su intento demostrar que le asistía la razón, se puso a leer textual el artículo 78, fracción 36, de la Ley Orgánica Municipal en donde se establece tres causales para demoler un inmueble, leyendo la funcionaria que el primero es “por no tener premisos de construcción…”.
Y que el procedimiento primero es clausurar la obra, darle derecho de audiencia a la persona que construyó y si no demuestra la legalidad del inmueble, entonces se procede a la demolición.
Todo eso lo dijo con mucha seguridad, sin aceptar que su negativa a clausurar o demoler las casas construidas en terrenos invadidos va en contra de lo que marca la ley que ella misma acababa de leer en voz alta.
LMR