Sorprendentemente el secretario de plenos del Consejo de la Judicatura (CJ) de Puebla, Doryan López Camacho, lleva cuatro meses en el cargo y es la fecha que no sabe que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es María Belinda Aguilar Díaz, quien ya ha cumplido dos años y cuatro meses al frente de esa responsabilidad que, le permitió de manera muy peculiar, ser la representante del Poder Judicial poblano en todo tipo de actos oficiales y hasta en reuniones sociales –a lo largo de los últimos 11 meses–, pese a que no le correspondía ejercer esa facultad.
Y es que el martes de este semana el joven abogado Doryan López emitió el oficio SP.CJ-6889/2025.A954 –ver en la imagen—en donde, con toda la formalidad y sustento que exige el universo de los profesionales de la ciencia jurídica, se dirigió a la presidenta del TSJ para comunicarle los acuerdos del Consejo de la Judicatura del pasado 2 de diciembre y resulta que –en el escrito—se señala que la cabeza de ese órgano es la magistrada María Elena Farfán González, en lugar de Belinda Aguilar.
El documento tiene el sello de la Oficialía de Partes del TSJ, en donde se indica que el oficio se recibió formalmente a las 9 de la mañana con 38 minutos de este martes.
Dicho oficio sirvió para comunicar –tal como se comentó ayer en este espacio periodístico—que el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó que el próximo 19 de diciembre se declare día inhábil y por tanto, se ordena que suspendan las actividades de todos los órganos jurisdiccionales administrativos y auxiliares del Poder Judicial.
Todo eso con el propósito de que se arme una “pachanga” por el fin de año.
Se entiende que el cambiar los nombres de Belinda Aguilar por el María Elena Farfán es un error. Sin embargo, en el Poder Judicial esos yerros son inadmisibles, debido a que pueden generar graves consecuencias jurídicas.
Por ejemplo, no hace mucho hubo un escándalo porque un reo peligroso salió de la cárcel “como Juan por su casa” porque en el juzgado se equivocaron en la redacción de una sentencia.
El dislate cometido Doryan López Camacho tiene una lectura más profunda, que es la siguiente:
Entre julio y agosto de este año, llegaron al Consejo de la Judicatura los abogados Doryan López Camacho y Omar Farid Gómez, este último venía de ser director de Quejas de la Secretaría Anticorrupción. Ambos ocuparon cargos de primer nivel en el órgano rector del Poder Judicial poblano.
El arribo de los dos abogados fue la señal clara de que Pedro Antonio Martínez Hernández –quien recientemente había ingresado al Poder Judicial—se iba a convertir en nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, tal como ocurrió hace tres semanas.
Omar Farid Gómez y Doryan López Camacho son parte del equipo de mayor confianza de Martínez Hernández.
Desde entonces se empezó a advertir que Pedro Antonio Martínez y su grupo de colaboradores eran muy jóvenes, de menos de 31 años, sin experiencia judicial y sin ser litigantes destacados. Es decir, se les veía y se les sigue viendo muy bisoños.
Es cierto que hay abogados que, antes de titularse, ya brillan en el mundo de los litigios y las discusiones jurídicas.
Que algunos ya saben combinar medios tecnológicos modernos para interpretar y aplicar jurisprudencias, así como técnicas especializadas en litigios de diferentes ámbitos.
No se trata de desdeñar a los abogados jóvenes. Pero lo que si se advierte es que, para dirigir el Poder Judicial, se necesita contar con una larga y fructífera carrera judicial y administrativas, además de ser alguien destacado en el estudio y el debate de las leyes. No solamente ser buenos litigantes. Dicho de otra manera: es una labor de “palabras mayores”.
Aquí es donde cabe una necesaria confrontación: el mejor presidente que ha tenido el Poder Judicial poblano es, sin ninguna duda, el ex gobernador Guillermo Pacheco Pulido.
Cuando Pacheco asumió por primera vez a esa responsabilidad se había desempeñado en tres ocasiones como diputado local y federal, ya había sido alcalde de la ciudad de Puebla, era un hombre maduro y un destacado académico e investigador de la Escuela Libre de Derecho, además de contar con una obra publicada de estudios constitucionales y de diversos temas jurídicos.
Con esos antecedentes no hay punto de comparación entre Guillermo Pacheco Pulido y el recién estrenado presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, quien apenas salió de la universidad hace 7 años, nunca había ocupado un cargo judicial hasta este año y no tiene publicaciones académicas, ni mucho menos se le conoce alguna disertación sobre temas de impartición de justicia.
Eso explica que se hayan cancelado las audiencias judiciales programadas para el próximo 19 de diciembre, para que se haga la “pachanga de fin de año”, sin que el presidente del Consejo de la Judicatura muestre la más mínima sensibilidad ante la gente que ha esperado por semanas, meses y tal vez hasta años la realización de esas diligencias.
Valdría la pena que Pedro Antonio Martínez Hernández le eche una revisión al discurso –de este miércoles—del ministro Hugo Aguilar Ortiz al observar que al llegar como presidente del máximo tribunal del país se encontró con: “Una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y hasta soberbia”.
¿No es lo mismo que pasa con el Poder Judicial poblano?
<Cab> Hasta “en la sopa” la magistrada Belinda Aguilar
En los últimos 11 meses fue literalmente ninguneado el magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, quien era el anterior presidente del Consejo de la Judicatura y arrastraba un pasado oprobioso por haber sido parte de la maquinaria burocrática del morenovallismo.
Por esa razón, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, representaba en todos los ámbitos al Poder Judicial, función que debía ocupar José Eduardo Hernández, pero este último optó por encerrarse en las cuatro paredes de su oficina y pasar totalmente desapercibido.
Eso explica porque a pesar de que la reforma a la Constitución local de la época del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta convirtió al TSJ en un órgano protocolario, al darle todas las facultades de control y regulación del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura, a lo largo de los últimos 12 meses se le vio en todos lados, “hasta en la sopa”, a María Belinda Aguilar representando, hablando y tomando decisiones a nombre del aparato de administración de justicia.
Con esa condición, resulta grave que el secretario de plenos del Consejo de la Judicatura, Doryan López Camacho, todavía no se aprenda que la presidencia del TSJ la ocupa la magistrada Belinda Aguilar.
Dicen en el Poder Judicial que este ha sido solo uno de muchos errores cometidos por el funcionario.
clh