Vengo a refrescarles la memoria ¡a muchos!, porque parece se les fue de vacaciones, y ya no recuerdan que hace diez años, justo cuando se negociaba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, más de 11 organizaciones sindicales y de trabajadores de la industria aérea fundaron el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN).
Yo lo recuerdo a la perfección, porque al mismo tiempo “apareció” el Contrato B, para la contratación de nuevos sobrecargos de Aeroméxico.
Tengo esta historia muy presente, y también a quienes fueron sus protagonistas, pero parece que a mucha gente, sobre a todo a los que en estos días opinan sobre aviación, se les olvida que la pretensión original de esas negociaciones era modificar la ley vigente para “abrir los cielos” a las aerolíneas extranjeras. Hagamos memoria, en septiembre de 2015, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), declaraba lo siguiente:
“… El impacto que tendría este convenio resultaría ‘catastrófico’ para la industria aérea mexicana, pues […] tres de cada cuatro vuelos que cruzan el espacio entre México y Estados Unidos son realizados por líneas estadounidenses, por lo que de ser ratificado este convenio -sin medidas que protejan a la aviación mexicana-, ésta desaparecería en el mediano plazo”. Esto fue lo que declaró el entonces Secretario General, Mario González Aguilera, para El Universal.
Justamente hace una década daban la siguiente declaración: “Dada la enorme diferencia en infraestructura de cada uno de los dos competidores —ellos tienen 7 mil aviones, nosotros tenemos escasamente 350—, lo que pedimos es que permitan las alianzas profundas entre aerolíneas mexicanas y norteamericanas, porque eso nos da la posibilidad de seguir creciendo y de mantener la fuente de empleo”.
Uno de los puntos álgidos de este acuerdo bilateral fue precisamente la pretensión del gobierno mexicano de “entregar” el espacio aéreo a los estadounidenses; sin embargo, la presión hecha por parte de los sindicatos, y otros actores de la industria aeronáutica, lograron frenar ese punto, y quedara fuera de la reforma legal.
Y vamos a decirlo claramente: las recientes decisiones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) que afectan a nuestra aviación civil, son una clara (léase, cínica) forma de presionar a la actual administración para conseguir la apertura de los cielos que no consiguió hace diez años. Porque si en realidad México no cumplió con el convenio bilateral ¿es correcto lo que hizo el DOT de forma unilateral? ¡Por supuesto que no!, pero eso es un ángulo que no van a abordar otros medios.
El Acuerdo sobre Transporte Aéreo que firmaron ambos gobiernos fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 19 de diciembre de 2015, y ahí podemos consultar el artículo 15, que en 8 puntos desglosa cuál es el mecanismo jurídico que ambas partes acordaron para “solucionar las controversias”. Sin embargo, nuestro vecino país del norte se saltó las trancas del convenio bilateral, y de forma por demás ventajosa, omitió un paso importantísimo.
Cito textualmente los cuatro puntos del Artículo 11 del Convenio Bilateral:
“Competencia Leal:
1. Cada Parte concederá oportunidades justas e iguales a las líneas aéreas de las dos Partes para que compitan en el suministro del transporte aéreo internacional regulado por este Acuerdo.
2. Cada Parte permitirá a cada línea aérea determinar la frecuencia y capacidad del transporte aéreo internacional que ofrezca, con base en las consideraciones comerciales del mercado. En congruencia con este derecho, ninguna Parte limitará unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves operadas por las líneas aéreas de la otra Parte, excepto cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes compatibles con el Artículo 15 del Convenio.
3. Ninguna Parte impondrá a las líneas aéreas de la otra Parte un derecho de preferencia, una relación de equilibrio, derechos por la no objeción, o cualquier otro requisito con respecto a la capacidad, frecuencia, o tráfico que serían incompatibles con los fines de este Acuerdo.
4. Ninguna Parte requerirá la presentación de itinerarios, programas para vuelos de fletamento, o planes operacionales por parte de las líneas aéreas de la otra Parte para su aprobación, excepto cuando pueda ser requerido bajo una base no discriminatoria para aplicar las condiciones uniformes previstas en el párrafo 2 de este Artículo o conforme sea específicamente autorizado en un Anexo de este Acuerdo. Si una Parte requiere la presentación de tales itinerarios, programas o planes para fines informativos, deberá minimizar la carga administrativa de los requisitos para su presentación y procedimientos a los intermediarios del transporte aéreo y las líneas aéreas de la otra Parte.”
No obstante, el argumento que esgrime el actual Secretario del Transporte norteamericano, Sean Duffy, es que México no cumplió con este punto del acuerdo bilateral firmado entre Enrique Peña Nieto y Barack Obama. El incumplimiento dice, se actualizó en septiembre de 2023, al trasladar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM), al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Pero una cosa es lo que pueda decir Sean Duffy (exparticipante de un reality show), o incluso, el mismo Donald Trump (quien niega la existencia del cambio climático), y otra muy diferente que sus dichos sean realidad.
Los motivos que expresó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para expedir dicho decreto, cumplen con las condiciones del acuerdo bilateral: “cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales, en condiciones uniformes…”, ¿y cuáles fueron las razones? Resolver un problema que ni los gobiernos priistas ni panistas quisieron atender: la saturación en las operaciones del AICM.
En aras de preservar la seguridad aérea, el primer gobierno de la 4T tomó la determinación de trasladar “toda la aviación de carga que llegaba al AICM” (y ojo con la frase) al AIFA, abriendo la posibilidad de operar las 24 horas del día, y no solo durante la madrugada, como sucedía en el AICM. Esto trajo beneficios económicos para las empresas cargueras, porque es 50% más barato operar desde ahí, y porque el rango de los horarios es mayor.
Ahora bien, dejemos de ver las cosas de esta manera tan centralista. ¿Quién, en su sano juicio, piensa que toda la carga llega exclusivamente al AICM? México tiene 49 aduanas, y de ellas apenas 11 son interiores; las demás son fronterizas y marítimas. Si no, díganme ustedes dónde trabajan las 1,470 sociedades de agentes aduanales registradas ante la Secretaría de Hacienda. ¿Todas apiñadas en el AICM?
Son mediocres los argumentos de que hubo afectación. La aviación de carga creció en un 30%, lo que se traduce en mayores ganancias. Todo este tema del supuesto incumplimiento del acuerdo bilateral no es más que un pretexto de la administración de Donald Trump para tapar su irresponsable manejo en materia de aviación, que pone en riesgo la seguridad de millones de pasajeros y tripulantes, y cada día que pasa se agrava con el cierre del gobierno federal estadounidense. Necesitan culpables, y no dudan en señalar a quien se ponga enfrente.
El gobierno norteamericano, de forma violenta y sin acatar los mecanismos que existen dentro del Convenio Bilateral para dirimir controversias, hacen el anuncio de la cancelación de 13 rutas, de las que dos ya estaban operando, y 11 todavía no comenzaban. Esto deja claro que Estados Unidos considera que, del Acuerdo Bilateral, solo van a aplicar y a exigir lo que ellos quieran.
La afectación sería fácil de comprobar si el decreto de AMLO incidiera solamente a la carga procedente de Estados Unidos, pero la disposición no discrimina; mandó al AIFA “toda la carga”, independientemente del lugar de su procedencia.
Dicen los que no saben que las represalias del DOT las motiva la mentada “cancelación del NAIM”, pero eso no tiene vela en este entierro; la realidad es otra muy distinta, pero para entenderlo hay que voltear a ver que las pérdidas generadas por el mes que lleva cerrado el gobierno norteamericano ascienden a más de 14 mil millones de dólares.
Este cierre ha afectado el pago de más de 13 mil controladores de tráfico aéreo, y de al menos 50 mil agentes pertenecientes a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés). Para el momento en que escribo esta columna está prevista una reunión entre los CEO’s de las líneas aéreas y funcionarios de la administración de Trump, para ver cómo salir del bache en donde están.
Por cierto, esta es la segunda vez que el gobierno federal llega a “shutdown” (cierre), y las dos veces ha sido con Trump al frente. La vez pasada ocurrió en 2019 y duró 35 días. En ese entonces los controladores aéreos y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por siglas en inglés) presionaron al Congreso estadounidense para que llegaran a acuerdos y se “reabriera” el gobierno.
A mí me queda claro que no es la primera vez que Estados Unidos fabrica un problema, para después vender “a precio de oro” la solución. Sean Duffy insiste en que existe un incumplimiento por parte del gobierno mexicano, pero que se puede arreglar si estamos dispuestos a negociar la apertura de los cielos. ¡No me digas! ¿y no le pierden?
Sí, hoy tenemos 13 rutas suspendidas, y si el tema sigue vigente, me referiré concretamente a ellas en otra columna, y analizamos cómo y a qué aerolíneas afecta más. Lo que quiero que quede claro, es que México no ha incumplido el acuerdo bilateral con Estados Unidos; más bien ellos necesitan un pretexto para seguir ejerciendo su política intervencionista y expansionista, en México y el resto de América Latina.
A quien piense que nuestro vecino tiene razón, le invito a que revise el significado de “soberanía”. Yo creo que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Y que de acuerdo con nuestra Constitución Política, reside en el pueblo, y la ejercemos a través de los poderes federales y estatales legalmente constituidos.
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Columna de Ximena Garmendia en sdp noticias
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