Una investigación reciente encendió alertas sobre lo que realmente llega al plato de millones de mexicanos. De acuerdo con la organización Oceana, el 38% del pescado que se vende en México no corresponde a la especie que se ofrece, una práctica que supera ampliamente el promedio global estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ronda el 20%.
El fenómeno, conocido como sustitución de especies, implica que productos de menor valor comercial se venden como otros más caros. En términos simples, un consumidor que compra huachinango podría en realidad estar adquiriendo tilapia o bagre, lo que representa un engaño económico directo. Esta diferencia de precios puede ser considerable, ya que algunas especies sustitutas cuestan hasta tres veces menos que las originales.
El análisis, titulado Gato x Liebre: engaño vigente, solución pendiente, se basó en el estudio de más de mil muestras recolectadas en mercados y restaurantes de distintas ciudades del país durante un periodo de siete años. Los resultados muestran que el problema no es aislado, sino extendido en buena parte del sector pesquero.
Entre las especies con mayores niveles de sustitución destacan casos extremos: el pez vela presentó un 100% de reemplazo en las muestras analizadas, seguido del marlín con 91% y la lobina con 89%. También se detectaron altos niveles en especies como la sierra, el mero y el huachinango, lo que evidencia que incluso productos de consumo común están involucrados en esta práctica.
Más allá del impacto económico, especialistas advierten sobre riesgos para la salud. Las especies que se utilizan como sustitutos pueden tener características distintas, incluyendo la posible presencia de contaminantes o toxinas en niveles diferentes. Además, se ha documentado el uso de tiburones en riesgo para sustituir otras especies, lo que añade un problema ambiental relevante.
Uno de los principales obstáculos para combatir esta situación es la falta de trazabilidad en la cadena de suministro. Actualmente, no existe un sistema robusto que permita seguir el rastro del producto desde su captura hasta el consumidor final, lo que dificulta verificar su autenticidad.
Organizaciones civiles señalan que implementar mecanismos de control más estrictos podría reducir estas prácticas, además de beneficiar tanto a consumidores como a comunidades pesqueras que sí comercializan sus productos de manera legal. También podría mejorar la confianza en el mercado nacional y facilitar el acceso a mercados internacionales.
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