La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a poner el foco en una problemática que, pese a los cambios legales en México, sigue sin resolverse del todo: la operación de anexos y centros de tratamiento de adicciones sin una regulación clara, donde persisten internamientos forzados y prácticas coercitivas.
La advertencia fue hecha por el Subcomité para la Prevención de la Tortura, al concluir su tercera visita oficial al país. En sus observaciones preliminares, el organismo señaló que, aunque México cuenta con un marco jurídico que prohíbe la institucionalización involuntaria, en la práctica esta medida continúa aplicándose en diversos centros, especialmente aquellos que funcionan de manera privada y fuera de supervisión efectiva.
La jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, expresó preocupación por las condiciones detectadas durante los recorridos. De acuerdo con la funcionaria, varios de estos espacios operan al margen de normas mínimas, lo que abre la puerta a malos tratos, restricciones de la libertad y posibles actos de tortura. El subcomité advirtió que estas prácticas representan un riesgo grave para las personas internadas, muchas veces sin su consentimiento ni mecanismos claros de defensa.
Otro punto señalado por los expertos fue la debilidad en las investigaciones relacionadas con denuncias de tortura y abusos. Aunque existen leyes e instituciones diseñadas para prevenir y sancionar estos delitos, la ONU considera que los procesos siguen siendo lentos y poco efectivos, lo que alimenta un escenario de impunidad.
A pesar de las críticas, el organismo internacional reconoció que México ha impulsado avances legislativos importantes, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y reformas a la Ley General de Salud. También destacó la creación de fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al que calificó como una instancia profesional y con recursos.
No obstante, la ONU subrayó que persisten brechas entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. En ese sentido, llamó a completar la integración del Comité Técnico del mecanismo y a retomar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, consideradas clave para la supervisión independiente.
El Subcomité entregará al Gobierno de México un informe confidencial con recomendaciones puntuales. La ONU exhortó al Ejecutivo a hacer público el documento y a trabajar de manera conjunta para implementar los cambios sugeridos. Esta visita ocurre casi una década después de la anterior, realizada en 2016, lo que, a juicio del organismo, hace urgente atender las observaciones pendientes y evitar que los abusos en estos centros sigan repitiéndose.
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