Durante la Misa de Año Nuevo, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, lanzó un mensaje crítico sobre la situación de violencia que persiste en el país y su impacto directo en la vida cotidiana y la actividad económica. Frente a los asistentes, el jerarca católico advirtió que, bajo las condiciones actuales, “es imposible progresar” en México, particularmente para quienes intentan emprender o mantener un negocio.
En su homilía, Robles Ortega se refirió a prácticas delictivas como el cobro de piso, las cuales —dijo— se han convertido en un obstáculo constante para comerciantes y empresarios. Señaló que quienes deciden iniciar un proyecto productivo no solo enfrentan los riesgos propios del mercado, sino también la presión del crimen organizado, que impone pagos mediante amenazas y actos de intimidación.
El arzobispo sostuvo que esta situación afecta de manera directa la movilidad social, ya que incluso cuando un negocio logra generar ingresos, estos terminan destinados a cubrir cuotas ilegales. Bajo este escenario, afirmó, el esfuerzo individual pierde sentido y el crecimiento económico se ve limitado por factores ajenos a la legalidad.
El mensaje no se dio en un contexto aislado. La ceremonia religiosa estuvo dirigida principalmente a empresarios de Guadalajara, y se realizó días después del asesinato del empresario Alberto Prieto, ocurrido en el municipio de Zapopan. Robles Ortega lamentó el crimen y subrayó que se trató de un hecho cometido a plena luz del día, en una zona urbana y sin que hubiera una reacción inmediata por parte de las autoridades.
El religioso calificó el ataque como un acto grave que refleja el nivel de organización y operación de los grupos criminales. A su juicio, la forma en que se perpetró el homicidio envía un mensaje de desafío abierto a las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Ante este panorama, el arzobispo hizo un llamado a replantear la estrategia de seguridad en el país. Señaló que no basta con diseñar planes sobre el papel, sino que es necesario llevarlos a la práctica y, en caso de que no estén funcionando, modificarlos para responder de manera más efectiva a la realidad que enfrentan ciudadanos y sectores productivos.
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