El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma legal que abre la puerta a la aplicación de cadena perpetua para menores de edad a partir de los 12 años, lo que ha generado una fuerte reacción de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
La medida fue publicada en el Diario Oficial y establece que la pena de prisión de por vida podrá comenzar a aplicarse a partir del 26 de abril de 2026, tras su aprobación previa en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista.
De acuerdo con la normativa, adolescentes entre 12 y 18 años podrán recibir condenas de cadena perpetua en caso de ser hallados responsables de delitos considerados graves, entre ellos homicidio, feminicidio, violación y participación en estructuras criminales. La reforma también contempla que estos casos sean procesados en tribunales especializados, y que los sentenciados sean trasladados a centros penitenciarios sin el esquema tradicional de justicia juvenil.
El cambio legal representa una modificación profunda al sistema penal juvenil del país, al ampliar el alcance de la cadena perpetua y endurecer el tratamiento judicial hacia menores de edad. Con ello, el gobierno salvadoreño busca reforzar su estrategia de seguridad en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación a nivel internacional. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) han solicitado revisar la reforma, al considerar que podría contravenir tratados internacionales firmados por El Salvador en materia de protección a la infancia.
De igual forma, UNICEF advirtió que la imposición de cadena perpetua a menores puede afectar su desarrollo integral y limitar las posibilidades de reintegración social, además de alejarse de los principios de justicia restaurativa promovidos globalmente.
Diversas organizaciones civiles también han anunciado que impulsarán acciones legales y acudirán a instancias internacionales para revisar la constitucionalidad de la reforma, al considerar que vulnera derechos fundamentales de adolescentes.
Mientras tanto, el gobierno de El Salvador mantiene la postura de que los cambios buscan fortalecer el sistema de seguridad y responder a delitos de alto impacto cometidos por menores de edad en el país. La entrada en vigor de la medida está prevista para finales de abril, en medio de un debate internacional que continúa en desarrollo.
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