La detención de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos marcó un punto de quiebre en la ya tensa relación entre Washington y Caracas, y abrió un escenario inédito para el futuro político y económico de Venezuela. El operativo, realizado el sábado 3 de enero de 2026 en la capital venezolana, derivó en el traslado del mandatario a Nueva York, donde enfrentará cargos federales relacionados con narcotráfico.
De acuerdo con un reporte de The New York Times, la acción fue resultado de una ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump, como parte de una estrategia para forzar un cambio de poder tras años de disputas diplomáticas y señalamientos de fraude electoral. El despliegue militar habría incluido más de 150 aeronaves, utilizadas para neutralizar defensas aéreas y permitir el ingreso de helicópteros con fuerzas especiales encargadas de ejecutar la captura.
Fuentes venezolanas consultadas por el medio, bajo condición de anonimato, señalaron que durante el operativo murieron al menos 40 personas, entre civiles y elementos de las fuerzas armadas. Pese a la magnitud de la incursión, horas después no se reportaba una presencia visible de tropas estadounidenses en las calles, mientras dependencias oficiales y medios estatales continuaban operando con normalidad.
En una conferencia posterior, Trump aseguró que Estados Unidos asumiría la conducción del país de manera temporal para garantizar una “transición segura y ordenada”. Aunque evitó confirmar una ocupación prolongada, declaró que no le preocupaba la posibilidad de mantener tropas en territorio venezolano, lo que generó inquietud sobre un eventual compromiso militar de largo plazo.
El tema energético ocupó un lugar central en el discurso del mandatario estadounidense. Trump expresó su intención de abrir las reservas petroleras venezolanas a empresas privadas de su país, afirmando que estas financiarían la reconstrucción de la infraestructura energética. También lanzó acusaciones contra gobiernos anteriores de Venezuela, a los que señaló por la nacionalización del sector petrolero.
En el ámbito judicial, un juez federal de Nueva York dio a conocer una nueva acusación contra Maduro, su esposa Cilia Flores y otros cuatro implicados, por delitos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas. Los señalamientos retoman el caso del llamado Cártel de los Soles, cuya existencia como estructura organizada ha sido puesta en duda por analistas e incluso agencias de inteligencia.
Tras la detención, la televisión estatal venezolana difundió protestas contra Estados Unidos en Caracas y otras ciudades, donde simpatizantes del chavismo calificaron el operativo como un secuestro ilegal. En contraste, en territorio estadounidense, grupos de migrantes venezolanos se congregaron en las inmediaciones de una base de la Guardia Nacional, algunos celebrando el hecho como el fin de una etapa política.
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