Ciudad de México, México.- Desde 2011 , el Congreso de la Unión mantiene sin dictaminar más de 50 iniciativas legislativas que buscan tipificar como delito el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado , estableciendo sanciones que van de 20 a 140 años de prisión . A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU , el tema no ha logrado avanzar en el ámbito legislativo nacional.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón , Enrique Peña Nieto , Andrés Manuel López Obrador y la actual administración de Claudia Sheinbaum , esta problemática no ha sido priorizada . Ninguno de los presidentes en turno ha presentado una iniciativa directa para sancionar esta práctica.
Las propuestas provienen de legisladores de diversas fuerzas políticas , incluidos integrantes del partido oficialista. Sin embargo, todas han quedado pendientes, pese a que organizaciones especializadas estiman que cada año al menos 30 mil menores son reclutados por grupos criminales .
Activistas en defensa de los derechos de la infancia han señalado la necesidad urgente de que el Código Penal contemple este delito, y de que se diseñe una estrategia integral que permita atender a las niñas, niños y adolescentes ya involucrados con organizaciones delictivas, así como a los estados más afectados.
Estudios recientes indican que hasta el 62% de los adolescentes en conflicto con la ley penal tuvieron contacto con grupos delictivos antes de cumplir los 15 años . Las cifras sobre el reclutamiento de menores oscilan entre 30 mil y 35 mil por año, lo que refleja una práctica generalizada dentro de los cárteles . Además, se advierte que esta actividad ahora se facilita mediante redes sociales y plataformas digitales, como videojuegos y aplicaciones móviles .
El reclutamiento forzado de menores es considerado un crimen de lesa humanidad , sancionado internacionalmente. No obstante, en el país aún no está tipificado como tal, lo que deja a los menores en una situación de desprotección legal . La omisión legislativa persiste a pesar de múltiples recomendaciones emitidas desde hace más de una década.
Diversas propuestas legislativas han planteado penas severas contra quienes participan en el reclutamiento forzado. Después del hallazgo de indicios de menores desaparecidos en un rancho de Jalisco , se presentaron 15 iniciativas adicionales , pero ninguna ha sido dictaminada.
Entre las más recientes, se encuentra al senador Pablo Angulo Briseño , quien propone reformar la legislación penal y de derechos de la infancia para imponer hasta 45 años de prisión a quienes recluten menores. Otra iniciativa busca penas de hasta 30 años , con agravantes en ciertos casos, como lo propuso el diputado Ricardo Mejía Berdeja .
En abril de 2025 , una senadora presentó una propuesta que contempla castigos de entre 20 y 40 años de prisión , más multas , para quienes inciten o coaccionen a menores a integrarse a grupos criminales , con agravantes si el delito es cometido por servidores públicos o fuerzas de seguridad .
También se han presentado propuestas para diferenciar entre el reclutamiento voluntario y el forzado , y sancionar ambos tipos. Una de las iniciativas más severas establece penas de 80 a 140 años de cárcel para quienes obligan o coaccionen a menores a participar en actividades ilícitas o violentas .
Además de estos legisladores, otros representantes y senadores han presentado iniciativas con enfoques similares. En 2022 , la Cámara de Diputados aprobó reformas para combatir el uso de menores en el crimen organizado, aunque sin incluir la tipificación específica del reclutamiento forzado . El Senado , por su parte, no dictaminó dicha reforma.
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Foto: Redes sociales
djs
