La corrupción en trámites gubernamentales continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos en México. De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Inegi, durante este año se registró un incremento en la cantidad de personas que reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción al realizar procedimientos ante autoridades.
El estudio señala que, en 2025, alrededor de 15,642 personas por cada 100 mil habitantes fueron afectadas por prácticas irregulares en oficinas gubernamentales, cifra que representa un aumento del 12% en comparación con los datos obtenidos en 2023, cuando se contabilizaron 13,966 casos por cada 100 mil habitantes.
Entre las entidades con mayores índices de corrupción reportada destacan Hidalgo, con una tasa de 21,452 víctimas; Oaxaca, con 20,330, y Sinaloa, con 19,836 por cada 100 mil habitantes. En contraste, los estados con menor incidencia fueron Colima, Nayarit y Zacatecas.
La encuesta también identificó cambios importantes en distintas entidades del país respecto a la medición anterior. Según el informe, los estados donde aumentaron los reportes relacionados con corrupción fueron Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Yucatán. Mientras tanto, Colima y Querétaro mostraron una reducción en los indicadores.
Además del número de víctimas, el estudio refleja una fuerte percepción social sobre este problema. El documento indica que 84.1% de la población mexicana considera frecuentes los actos de corrupción en instituciones públicas, lo que evidencia la desconfianza ciudadana hacia distintos niveles de gobierno.
Los estados donde la percepción de corrupción fue más alta son Michoacán, donde casi nueve de cada diez personas consideran común este tipo de prácticas, y Baja California. Por otro lado, Querétaro y Yucatán registraron los niveles más bajos de percepción negativa.
Especialistas en transparencia y rendición de cuentas han advertido que este fenómeno no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también impacta la economía de las familias y retrasa procesos administrativos básicos. Entre las irregularidades más denunciadas suelen encontrarse solicitudes de dinero extraoficial, favoritismos y retrasos intencionales para agilizar trámites.
La ENCIG se realiza cada dos años desde 2011 y tiene como objetivo medir la experiencia de la ciudadanía con los servicios públicos, así como la percepción sobre el desempeño gubernamental. Los resultados de este año reflejan que, pese a los esfuerzos anunciados en distintos niveles de gobierno, la corrupción continúa siendo un problema presente en buena parte del país.
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